El diputado nacional Agustín Rossi criticó el programa de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que podría permitir que ciudadanos extranjeros eludan restricciones para adquirir tierras en el país. El legislador presentó un proyecto para derogar el mecanismo y cuestionó su constitucionalidad.
El diputado nacional Agustín Rossi cuestionó el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que el mecanismo podría facilitar que ciudadanos extranjeros eviten determinadas restricciones legales para desarrollar actividades económicas en la Argentina. Según el legislador de Unión por la Patria, la iniciativa transforma la nacionalidad en una posibilidad condicionada a la capacidad económica y abre interrogantes sobre sus consecuencias jurídicas y patrimoniales.
El régimen fue incorporado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 y contempla la posibilidad de acceder a la ciudadanía argentina a través de una contraprestación económica. De acuerdo con los detalles difundidos por el Ejecutivo, el esquema establece un aporte directo no reembolsable de 350.000 dólares o la suscripción de títulos públicos por 800.000 dólares. El Gobierno sostiene que la medida busca atraer capitales extranjeros y fortalecer la economía nacional.
Rossi sostuvo que la propuesta presenta problemas constitucionales y cuestionó que una modificación de estas características se haya instrumentado mediante un DNU. El legislador argumenta que la regulación de la nacionalidad y la naturalización corresponde al Congreso y que el acceso a la ciudadanía no debería depender exclusivamente de la capacidad de realizar un desembolso económico. En esa línea, impulsa una iniciativa legislativa para eliminar el mecanismo de ciudadanía por inversión.
Uno de los principales puntos de preocupación señalados por el diputado es la posible relación entre la obtención de la nacionalidad y las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Rossi advirtió que una persona que accediera a la ciudadanía mediante el programa podría intentar eludir las limitaciones que le corresponderían bajo su condición de extranjera. Su planteo pone el foco especialmente en el régimen de protección de tierras rurales y en las restricciones aplicables a determinadas zonas del territorio argentino.
La discusión se produce en un contexto en el que el Gobierno presenta la llegada de inversiones como una herramienta para promover la actividad económica. Sin embargo, el programa despertó cuestionamientos de sectores de la oposición y especialistas en derecho, que plantean dudas sobre su compatibilidad con el marco constitucional. El debate no se limita al monto exigido a los solicitantes, sino que también alcanza la autoridad competente para otorgar la ciudadanía y los controles que deben aplicarse en el proceso.
El proyecto presentado por Rossi, junto con la diputada Kelly Olmos, propone prohibir expresamente que la ciudadanía argentina por naturalización se otorgue a cambio de pagos, inversiones, donaciones, adquisición de bienes o compra de títulos públicos o privados. La iniciativa busca establecer que ninguna contraprestación económica pueda sustituir los requisitos legales de naturalización. También contempla impedir que organismos estatales contraten empresas o consultoras para promover programas que vinculen beneficios de ciudadanía con aportes económicos.
En el plano judicial, el DNU 366/2025 también enfrenta cuestionamientos. Según informó Chequeado, durante 2026 hubo pronunciamientos judiciales que declararon inválidas disposiciones del decreto en casos particulares. Es importante precisar que esos fallos no resolvieron necesariamente la validez del programa de ciudadanía por inversión en sí mismo, sino que abordaron aspectos del régimen de ciudadanía y naturalización modificados por la norma. La situación jurídica del mecanismo, por lo tanto, debe analizarse a partir del alcance concreto de cada resolución.
La controversia abre un debate de fondo sobre qué condiciones debe cumplir una persona extranjera para obtener la nacionalidad argentina y qué límites deben regir para evitar que una ventaja económica se convierta en una vía para sortear normas generales. Mientras el Gobierno defiende el programa como una herramienta para atraer capitales, Rossi reclama que el Congreso intervenga para derogar el régimen. La discusión combina cuestiones de política económica, soberanía territorial, igualdad ante la ley y atribuciones constitucionales.
Con ayuda de La Nueva Mañana
