En el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, los fiscales solicitaron 12 años de cárcel para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 para la coordinadora médica Nancy Forlini y ocho para la psiquiatra Agustina Cosachov. La acusación sostuvo que el exfutbolista recibió una atención deficiente durante su internación domiciliaria. También pidió penas para otros integrantes del equipo de salud y la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.
La Fiscalía solicitó penas de hasta 12 años de prisión para los profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron sus alegatos ante el tribunal que lleva adelante el segundo juicio por el fallecimiento del ídolo argentino y apuntaron contra las responsabilidades del equipo que estuvo a cargo de su atención durante las últimas semanas de vida. La acusación considera que las decisiones y omisiones de los imputados contribuyeron al desenlace fatal.
El pedido más elevado fue para el neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, para quien los fiscales solicitaron 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Esa figura penal implica que, según la acusación, una persona actúa con conocimiento de que su conducta puede provocar un resultado mortal y aun así continúa con ella. La Fiscalía sostuvo que Luque tuvo un papel central en las decisiones sobre la atención del exfutbolista luego de la operación por un hematoma subdural y durante su posterior internación domiciliaria.
Para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios vinculada a Swiss Medical, los fiscales requirieron 10 años de prisión. En tanto, para la psiquiatra Agustina Cosachov solicitaron ocho años, también bajo la acusación de homicidio simple con dolo eventual. La Fiscalía atribuyó a ambos roles responsabilidades en la organización y el seguimiento de la atención médica de Maradona. En caso de una eventual condena, también se solicitaron inhabilitaciones profesionales de diez años para los principales acusados.
La acusación también alcanzó a otros integrantes del equipo. Para el psicólogo Carlos Díaz, los fiscales pidieron cinco años de prisión por homicidio culposo, mientras que para el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón solicitaron cuatro años para cada uno. En estos casos, la imputación se centra en presuntas conductas negligentes, una figura penal diferente de la atribuida a Luque, Forlini y Cosachov. Además, se requirieron inhabilitaciones para ejercer sus profesiones, con plazos que varían según la pena solicitada.
Durante los alegatos, los fiscales cuestionaron las condiciones en las que Maradona atravesó la internación domiciliaria en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre. Según la acusación, el dispositivo de atención no contaba con equipamiento e insumos básicos para responder a una emergencia médica, entre ellos una ambulancia disponible de manera permanente y un desfibrilador. La Fiscalía consideró que el estado de salud del exfutbolista requería un seguimiento más estricto, teniendo en cuenta sus antecedentes médicos y la complejidad de su recuperación después de la intervención quirúrgica.
Maradona murió a los 60 años como consecuencia de un cuadro cardíaco mientras permanecía en internación domiciliaria. Había sido operado a comienzos de noviembre de 2020 por un hematoma subdural y luego trasladado a una casa alquilada en Tigre para continuar su recuperación. El juicio busca determinar si las acciones u omisiones de los profesionales que participaron de esa etapa constituyeron delitos y si existe responsabilidad penal por el fallecimiento. Los pedidos de pena expresan la posición de la Fiscalía y todavía deben ser evaluados junto con los argumentos de las defensas y las pruebas incorporadas al debate.
En contraste con los pedidos de condena, la Fiscalía solicitó la absolución de Pedro Di Spagna, médico clínico que había intervenido como interconsultor. Los acusadores sostuvieron que no tenía autoridad para tomar las decisiones centrales sobre el tratamiento ni sobre la modalidad de internación de Maradona. Esa posición marca una diferencia entre los imputados y refleja que, para la Fiscalía, la participación de cada profesional debe analizarse según sus funciones concretas, su capacidad de decisión y las conductas que se le atribuyen en el expediente.
El proceso continuará con las exposiciones de las querellas y las defensas antes de que el tribunal pase a deliberar y dicte un veredicto. Los jueces deberán evaluar las pruebas, los argumentos jurídicos y las responsabilidades individuales para resolver si corresponde condenar o absolver a cada acusado. Hasta que exista una sentencia, los pedidos formulados por la Fiscalía no constituyen condenas definitivas. El juicio vuelve a poner en el centro la muerte de uno de los deportistas más importantes de la historia argentina y la discusión sobre las obligaciones profesionales en la atención de pacientes en situación de alta vulnerabilidad.
Con ayuda de Filo News
