El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX ofertó US$340,2 millones por el 90% de AySA y quedó al frente de la licitación. La operación despertó cuestionamientos por la falta de información pública sobre la valuación de la compañía, sus pasivos ambientales y el futuro esquema tarifario. También quedaron bajo la lupa los vínculos empresariales asociados al grupo ganador y los aportes electorales de firmas relacionadas con su holding.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas, quedó envuelta en una controversia que combina intereses económicos, relaciones empresariales y preguntas sobre la transparencia del proceso. El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó una oferta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones estatales, por encima de los US$285 millones ofrecidos por el Grupo Roggio. Sin embargo, ambas propuestas quedaron por debajo de los US$450 millones que, según Minuto Uno, estimaba originalmente el Ministerio de Economía. La diferencia reavivó el debate sobre los criterios utilizados para determinar el valor de una infraestructura estratégica y sobre qué información estuvo disponible para evaluar la operación.
Uno de los principales cuestionamientos provino de Walter Martello, defensor del Pueblo adjunto general de la provincia de Buenos Aires, quien denunció dificultades para acceder a información elemental durante el proceso. Según explicó, no fue posible conocer públicamente la valuación del paquete accionario ni el estado de los pasivos ambientales de AySA, mientras que la documentación del llamado Data Room quedó reservada a los oferentes privados. Frente a la falta de respuestas a pedidos realizados en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, se recurrió a la Justicia federal mediante un amparo colectivo que, de acuerdo con la publicación, todavía esperaba resolución. El reclamo pone en discusión un aspecto central de cualquier privatización: la ciudadanía necesita conocer las condiciones de una operación que afecta un servicio esencial y cuyos efectos económicos pueden extenderse durante décadas.
Entre los elementos que despertaron cuestionamientos aparecen los aportes electorales de dos empresas vinculadas al holding Equo Capital, presidido por Walter Román, cuya firma Rowing integra el consorcio adjudicatario. De acuerdo con los registros de la Cámara Nacional Electoral citados por Minuto Uno, Direct Group y Lógico aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025. La existencia de esos aportes no demuestra por sí sola una irregularidad ni permite afirmar que hayan condicionado la licitación, pero sí abre preguntas que las autoridades competentes pueden esclarecer: cuál fue el encuadre legal de las contribuciones, qué relaciones comerciales existen entre las firmas involucradas y si se cumplieron todas las normas de financiamiento político. La publicación señala que corresponde a la Justicia electoral examinar esos antecedentes conforme a la legislación vigente.
Otro foco de preocupación está relacionado con las tarifas y los ingresos futuros de la empresa. Según información del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) citada por Minuto Uno, el grupo adjudicatario esperaba una recategorización de usuarios por zonas que podría generar un flujo de caja adicional estimado en US$93 millones anuales. La cifra requiere ser examinada junto con las condiciones contractuales y el alcance concreto de los cambios tarifarios, pero su magnitud vuelve indispensable que los usuarios conozcan cómo se calcularon las proyecciones y qué impacto podrían tener en las facturas. El punto es especialmente sensible porque las familias no participaron de la negociación entre oferentes y Estado, aunque serán quienes paguen por el servicio. Sin información pública clara sobre los ingresos previstos, las inversiones obligatorias y las reglas de actualización de tarifas, resulta difícil evaluar de manera integral el costo que tendrá la nueva etapa de AySA para la población.
Las relaciones empresariales del consorcio también generan interrogantes por la posible concentración de intereses en sectores conectados. Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y proveedor histórico de insumos utilizados para potabilizar agua por AySA desde 2009, también participa en el control de Edenor, según la información publicada por Minuto Uno y los antecedentes periodísticos citados. AySA es un importante consumidor de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que la presencia de actores con intereses en ambas actividades vuelve relevante conocer qué mecanismos se aplicarán para prevenir conflictos de interés y garantizar condiciones comerciales adecuadas. A esto se suma la vinculación que las publicaciones periodísticas señalan entre los hermanos Neuss y empresas relacionadas con el grupo ganador. Esos vínculos ameritan escrutinio institucional, aunque deben diferenciarse de cualquier conclusión sobre la existencia de delitos, que requiere pruebas y determinaciones de los organismos competentes.
El nombre de los hermanos Neuss aparece, además, en el debate sobre otras operaciones vinculadas a sectores estratégicos, entre ellas la transferencia de Transener. Minuto Uno relaciona esos antecedentes con cuestionamientos sobre movimientos financieros y recursos acumulados en reservas estatales antes de un traspaso. Sin embargo, las referencias a controversias anteriores no prueban por sí mismas que se hayan cometido irregularidades en la privatización de AySA. Su relevancia periodística reside en la necesidad de examinar de forma transparente las conexiones societarias, los beneficiarios económicos y las condiciones bajo las cuales se transfieren activos de interés público. Cuando grupos empresariales amplían su participación en infraestructura y servicios esenciales, la información sobre sus relaciones comerciales y las obligaciones que asumen resulta fundamental para que los controles estatales funcionen y para que la discusión no quede limitada a los anuncios oficiales o a las explicaciones de los propios interesados.
El Gobierno, por su parte, defiende la privatización con el argumento de que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la eficiencia, ampliar la cobertura y ejecutar obras que la empresa necesita. En su comunicación oficial sobre el proceso, el Ejecutivo informó que el futuro operador deberá cumplir obligaciones de inversión por más de US$2.000 millones durante los primeros cinco años, con metas de expansión de los servicios y supervisión pública. También indicó que el contrato contempla mecanismos de control, auditorías técnicas y sanciones ante incumplimientos. Esos compromisos forman parte de la justificación oficial de la operación y deberán contrastarse con las condiciones definitivas del contrato y su cumplimiento efectivo. La discusión, por lo tanto, no se resuelve solamente comparando el precio ofertado: también exige establecer qué inversiones se ejecutarán, en qué plazos, bajo qué controles y con qué consecuencias si las metas no se alcanzan.
La adjudicación de AySA deja así planteado un debate que afecta directamente a millones de hogares: cómo garantizar que un servicio esencial funcione con inversiones suficientes, tarifas comprensibles y controles efectivos, independientemente de quién lo opere. La diferencia entre el precio ofertado y la estimación inicial, las dificultades denunciadas para acceder a información, los aportes electorales señalados y las relaciones comerciales entre empresas son cuestiones que requieren respuestas documentadas, no conclusiones anticipadas. Al momento de la publicación de Minuto Uno, la adjudicación todavía debía atravesar la revisión final de la Comisión de Evaluación. La transparencia de esa instancia y la publicación de las condiciones contractuales serán determinantes para conocer el alcance real del negocio. En una empresa que abastece de agua y cloacas a alrededor de 14 millones de personas, el control público no es un detalle administrativo: es una condición para que la población pueda saber qué se vende, a quién, bajo qué obligaciones y con qué consecuencias para su bolsillo.
Fuente: Minuto Uno
