El proceso judicial para encontrar un comprador para Algodonera Avellaneda terminó sin ofertas y dejó a la empresa textil frente a un posible escenario de quiebra. Mientras unos 200 trabajadores continúan en actividad mediante contratos de producción para terceros, otras 100 familias llevan más de un año esperando una solución. La crisis vuelve a poner en el centro del debate el futuro de la industria nacional y el impacto social del deterioro productivo.
La crisis de Algodonera Avellaneda sumó un nuevo capítulo de incertidumbre después de que venciera, el lunes 5 de octubre, el plazo judicial para presentar ofertas destinadas a adquirir las acciones de la compañía. No se registraron interesados en el proceso de salvataje, conocido como cramdown, que buscaba evitar la quiebra de la firma vinculada a la familia Vicentin. Ahora, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, deberá resolver cómo continúa el procedimiento y qué alternativas existen para preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo que todavía dependen de la empresa.
El escenario afecta directamente a los trabajadores de la planta y a sus familias, en una región donde la actividad textil representa una fuente importante de empleo. Según informó Motor Económico a partir de declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores Textiles, Juan Carlos Bandeo, alrededor de 200 trabajadores continúan desempeñando tareas. La producción se sostiene parcialmente mediante contratos de fazón, una modalidad en la que la empresa procesa materias primas o produce para terceros. La actividad permite mantener parte de la planta en funcionamiento, pero no despeja las dudas sobre su futuro ni garantiza la continuidad de los puestos laborales.
La situación más dramática es la de las aproximadamente 100 familias que quedaron fuera de la actividad y que, de acuerdo con el sindicato, llevan más de un año sin una respuesta definitiva. Entre esos casos está el de Eberardo Pascualón, de 51 años, quien trabajó durante tres décadas en Algodonera Avellaneda y llegó a desempeñarse como jefe de turno en el área de control de calidad. Tras dejar la empresa, perdió sus ingresos laborales y la cobertura de salud asociada al empleo. Actualmente, realiza trabajos ocasionales para subsistir y necesita recurrir a la ayuda familiar. Su historia refleja las dificultades que enfrentan trabajadores con décadas de experiencia cuando desaparece su principal fuente de ingresos.
Bandeo advirtió que muchos de los trabajadores que quedaron afuera tienen más de 45 o 50 años y acumulan entre 15 y 30 años de antigüedad en la empresa. La combinación de una trayectoria laboral extensa, la pérdida de ingresos y las dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo agrava el impacto de la crisis. Por eso, el conflicto no se limita a determinar si la planta seguirá funcionando: también exige respuestas para quienes ya quedaron excluidos de la actividad y necesitan recuperar estabilidad económica, cobertura social y perspectivas de futuro.
En el plano financiero, la compañía arrastra una deuda superior a los 260 millones de dólares con el Banco Nación, además de obligaciones posconcursales que, según Motor Económico, superan los 6.800 millones de pesos entre 2025 y 2026. Algodonera Avellaneda ingresó en concurso preventivo en noviembre de 2024 y, desde entonces, atravesó distintas instancias judiciales sin alcanzar un acuerdo definitivo con sus acreedores. El salvataje abierto en septiembre de 2026 buscaba encontrar un inversor que permitiera superar la crisis, pero la ausencia de ofertas frustró esa alternativa.
La dimensión del endeudamiento y el futuro de la compañía también están atravesados por las decisiones adoptadas durante su historia empresarial. En la cobertura del caso, LA NACIÓN informó que el Banco Nación concentra más del 80% del pasivo computable y que la Justicia rechazó un pedido de la firma para excluir a la entidad del cálculo de las mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo concursal. El expediente judicial también hizo referencia al peso de las decisiones de endeudamiento anteriores sobre la situación patrimonial de la empresa. Estos antecedentes muestran que la crisis no puede explicarse únicamente por el fracaso del último intento de salvataje: existe un deterioro financiero acumulado que condiciona las posibilidades de recuperación.
Ante la falta de interesados, una de las alternativas que se encuentra en discusión es avanzar con una quiebra con continuidad, una modalidad que podría permitir que la planta siga operando mientras se desarrolla el proceso judicial. Bandeo consideró que esa posibilidad sería favorable para quienes todavía trabajan allí, aunque insistió en que no resuelve la situación de las familias que quedaron afuera. La continuidad productiva dependerá de las decisiones judiciales y de las condiciones concretas para sostener los contratos, generar ingresos y mantener los puestos laborales. Por el momento, no hay una declaración formal de quiebra ni garantías de que todos los empleos puedan conservarse.
El caso de Algodonera Avellaneda vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para la economía argentina: qué sucede con las comunidades cuando una empresa industrial entra en una crisis que amenaza con desarticular su capacidad productiva. Detrás de los balances, los pasivos y los expedientes judiciales hay trabajadores, familias y conocimientos laborales construidos durante décadas. La resolución del juez Lorenzini será determinante para la siguiente etapa del proceso, pero la incertidumbre continúa. Mientras 200 trabajadores esperan que la actividad se sostenga, otras 100 familias reclaman una salida que contemple su situación. El desafío no es solamente definir el destino de una empresa, sino encontrar respuestas para quienes ya sufren las consecuencias de su deterioro.
Fuente: Motor Económico
