Un informe de la consultora EcoGo calculó que los 23 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones implican un gasto tributario de US$8.493 millones. Para alcanzar el equilibrio fiscal, al menos el 32,7% de las inversiones debería ser adicional, es decir, proyectos que no se hubieran concretado sin los beneficios del régimen.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) volvió a quedar en el centro de la discusión económica luego de un informe elaborado por la consultora EcoGo que analizó el impacto fiscal de los beneficios otorgados a los grandes proyectos de inversión. Según el estudio, el esquema necesita que una parte significativa de las inversiones sea realmente adicional para compensar los impuestos que el Estado resigna a partir de las exenciones y ventajas tributarias.
De acuerdo con el relevamiento, los 23 proyectos aprobados formalmente acumulan inversiones anunciadas por US$39.429 millones y cuentan con un capital computable de US$33.837 millones. Bajo los supuestos utilizados por EcoGo, estas iniciativas generarían una recaudación estimada de US$17.499 millones a valor presente, mientras que los beneficios fiscales concedidos representarían un gasto tributario de US$8.493 millones.
El dato central del informe aparece en el denominado nivel de adicionalidad. EcoGo calculó que el punto de equilibrio fiscal se alcanza cuando el 32,7% de las inversiones es efectivamente adicional, es decir, cuando ese porcentaje corresponde a proyectos que no se habrían realizado de no existir el RIGI. En términos simples, el estudio plantea que aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos debería responder directamente al incentivo para que la recaudación adicional permita compensar los beneficios fiscales otorgados.
La consultora aclaró que el gasto tributario no debe confundirse automáticamente con el costo fiscal neto. El argumento es que, si una inversión se concreta exclusivamente como consecuencia de la existencia del RIGI, el Estado resigna determinados impuestos respecto del régimen general, pero al mismo tiempo obtiene ingresos fiscales que no habría recibido si ese proyecto nunca se hubiera realizado. Por eso, el análisis busca determinar cuánto de la inversión es realmente generado por el régimen y cuánto se habría concretado igualmente.
El impacto tampoco es igual entre la Nación y las provincias. De los US$8.493 millones de gasto tributario calculados para los proyectos aprobados, alrededor de US$6.231 millones corresponden a recursos nacionales. Por ese motivo, el informe estima que las provincias receptoras de los proyectos necesitan una adicionalidad del 17,7% para equilibrar sus cuentas, mientras que la Nación requiere una adicionalidad del 38,5%.
La diferencia se profundiza cuando se amplía el universo de análisis. Para un escenario que contempla 39 proyectos identificados, el porcentaje de adicionalidad necesario para que la Nación alcance el equilibrio fiscal treparía al 44,4%. El dato vuelve a poner sobre la mesa una de las principales discusiones alrededor del RIGI: quién asume el costo de los beneficios fiscales y quién termina capturando los ingresos derivados de las nuevas inversiones.
En paralelo, el informe de EcoGo plantea que el desafío del régimen no debería limitarse a contabilizar anuncios de inversiones. La consultora señala la importancia de maximizar la cantidad de proyectos que efectivamente sean adicionales y de generar un mayor impacto sobre proveedores locales, empleo, infraestructura y actividad económica. De esta manera, el debate no se reduce únicamente al volumen de capital comprometido, sino también a cuánto de ese capital genera actividad que no habría existido sin el RIGI.
Así, el régimen impulsado para atraer grandes inversiones vuelve a quedar bajo análisis por la relación entre los incentivos ofrecidos y los beneficios económicos que finalmente recibe el Estado. Los números de EcoGo muestran que el RIGI puede alcanzar un resultado fiscal positivo si una proporción suficiente de las inversiones es realmente adicional, pero también advierten sobre la necesidad de evaluar el costo de las exenciones y su impacto diferencial entre Nación y provincias. La discusión queda abierta entre quienes destacan la capacidad del régimen para atraer capital y quienes ponen el foco en el costo fiscal de los beneficios concedidos.
Fuente: Política Argentina
