Durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de organismos de derechos humanos y entidades vinculadas a la causa Malvinas cuestionaron distintos aspectos del proyecto enviado por el Gobierno. La iniciativa endurece las sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas sin autorización argentina, pero también propone cambios en defensa, seguridad e inteligencia.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno volvió a ser eje de un intenso debate en la Cámara de Diputados. Durante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, representantes de organismos civiles y de derechos humanos expusieron sus objeciones a una iniciativa que tiene a la cuestión Malvinas como uno de sus principales ejes, pero que además plantea modificaciones de alcance más amplio sobre el sistema de defensa, seguridad e inteligencia.
La propuesta oficial contempla un nuevo régimen de sanciones para las empresas extranjeras que exploten recursos naturales renovables o no renovables en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina. Entre otras medidas, establece penas de prisión que podrían llegar hasta los 20 años, multas e inhabilitaciones, además de la creación de un registro público de infractores y restricciones para que el Estado y particulares puedan contratar con las empresas incluidas.
Sin embargo, las críticas de los expositores se concentraron también en otros capítulos del proyecto. Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostuvo durante la reunión que la iniciativa implica una reconfiguración de áreas centrales del Estado y cuestionó la definición de conceptos como “terrorismo” y “amenaza externa”. Según su planteo, esas categorías podrían generar márgenes de discrecionalidad y afectar libertades civiles.
Litvachky también objetó las facultades que el proyecto le asigna al futuro Consejo de Seguridad Nacional, organismo que estaría encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno. El proyecto establece que ese consejo tendrá funciones de coordinación estratégica en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en cuestiones vinculadas con infraestructura crítica.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las medidas urgentes que podría disponer el Estado frente a determinadas amenazas. Según el texto del proyecto, podrían incluirse restricciones sobre operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, restricciones a importaciones y exportaciones y modificaciones temporales de derechos aduaneros. La iniciativa también contempla protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso.
El exsecretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus también participó del debate y cuestionó algunos aspectos del proyecto. Según informó Noticias Argentinas, advirtió sobre las disposiciones referidas a las Fuerzas Armadas y sostuvo que determinadas medidas vinculadas con operaciones no convencionales y protocolos militares podrían tener consecuencias en el escenario internacional relacionado con el reclamo argentino por las islas. Estas apreciaciones corresponden a la posición expresada por Filmus durante el debate.
Por su parte, el representante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola, cuestionó la política del Gobierno en relación con el Atlántico Sur y sostuvo que el proyecto no constituye, a su criterio, una defensa efectiva de la soberanía. Las organizaciones que participaron del plenario plantearon que la discusión sobre Malvinas debería concentrarse en la defensa territorial y de los recursos naturales, y cuestionaron que la iniciativa incorpore modificaciones relacionadas con seguridad, inteligencia y política interna.
Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que el proyecto busca establecer un marco integral para proteger los derechos soberanos argentinos, los recursos estratégicos y las capacidades institucionales frente a amenazas externas. La Cámara de Diputados informó que la iniciativa tiene como objetivo establecer un régimen destinado a proteger los derechos soberanos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El oficialismo prevé avanzar con el dictamen durante la próxima semana y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre, aunque el debate continúa abierto entre los distintos bloques.
