La Legislatura de la Ciudad aprobó los pliegos de jueces, fiscales y asesores tutelares que integrarán el futuro fuero laboral porteño. La votación contó con el acompañamiento del peronismo y de La Libertad Avanza, en un paso clave para poner en marcha una estructura que reemplazará progresivamente la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en las nuevas causas individuales.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso para la puesta en funcionamiento de la futura Justicia Laboral porteña al aprobar los pliegos de los magistrados, fiscales y asesores tutelares que integrarán el nuevo fuero. La votación se produjo con una amplia mayoría y contó con el acompañamiento de distintos bloques, entre ellos sectores del peronismo, además de La Libertad Avanza y otros espacios que respaldaron la iniciativa impulsada por la administración de Jorge Macri.
El nuevo esquema contempla, en su diseño inicial, diez juzgados de Primera Instancia, dos fiscalías, una Cámara de Apelaciones integrada por dos salas de tres jueces cada una, una Fiscalía de Cámara y dos asesorías tutelares. Los nombres aprobados habían atravesado previamente el proceso de concurso y una audiencia pública realizada en septiembre, por lo que la votación legislativa constituyó uno de los pasos institucionales necesarios para completar la estructura del nuevo fuero.
Entre los jueces de Primera Instancia designados figuran María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset. Para la Cámara de Apelaciones fueron aprobados Diego Tula, Martín Furchi, Patricia Ceriani, Silvia Gutiérrez Garay, Gabriela Fernández y Horacio Pitrau. También fueron designados integrantes del Ministerio Público y asesores tutelares para completar la estructura prevista.
La conformación del nuevo fuero se inscribe en el proceso de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo hacia la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo firmado entre Nación y Ciudad establece que las nuevas demandas laborales individuales que correspondan a la jurisdicción porteña pasarán al nuevo sistema una vez que este entre efectivamente en funcionamiento. Los expedientes que ya se encuentran iniciados, en cambio, permanecerán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución.
El proceso tiene además una dimensión política y sindical relevante. La transferencia implica modificar el esquema histórico mediante el cual los conflictos laborales tramitados en la Ciudad fueron resueltos por tribunales nacionales. El Gobierno porteño sostiene que la creación del fuero constituye un avance en la autonomía judicial de la Ciudad, mientras que sectores de la Justicia y del sindicalismo han expresado reparos frente a la disolución progresiva de la estructura nacional y su reemplazo por un sistema dependiente de las instituciones porteñas.
En ese contexto, InfoGremiales puso el foco en el acompañamiento del peronismo a la aprobación de los pliegos y lo presentó como un respaldo político significativo para el proyecto de Jorge Macri. El propio armado de los futuros tribunales refleja, de acuerdo con el medio, una composición con antecedentes diversos: algunos de los designados tienen vínculos con sectores del PRO, el peronismo, el radicalismo, el larretismo, el sindicalismo y la Justicia laboral. Entre los casos mencionados aparecen Diego Tula, vinculado al entorno del Ministerio de Justicia porteño, y Silvia Gutiérrez Garay, quien fue abogada del SUTERH, sindicato conducido por Víctor Santamaría.
La puesta en marcha todavía enfrenta cuestiones administrativas, presupuestarias y judiciales. Nación y Ciudad deben avanzar en la transferencia de los recursos necesarios para sostener el funcionamiento del nuevo fuero. Distintos informes ubicaron el costo del esquema en decenas de miles de millones de pesos y señalaron que el comienzo efectivo dependerá de que se completen las condiciones previstas en el convenio. Además, existen antecedentes de medidas cautelares que habían frenado la implementación de las leyes porteñas vinculadas con la creación del fuero.
Con la aprobación de los pliegos, Jorge Macri consiguió avanzar en la construcción institucional de una Justicia Laboral propia para la Ciudad, aunque el proceso todavía no está concluido. El futuro sistema tendrá competencia sobre las nuevas causas laborales individuales que correspondan a CABA, mientras la Justicia Nacional continuará resolviendo los expedientes actualmente en trámite y aquellos conflictos que permanezcan bajo su jurisdicción. El dato político que deja la última votación es que el proyecto oficialista consiguió apoyos que excedieron al bloque de Gobierno y alcanzaron a sectores del peronismo porteño, un acompañamiento que vuelve a abrir el debate sobre los acuerdos políticos alrededor de la reorganización de la Justicia Laboral.
Fuente: InfoGremiales
