La diputada nacional Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de resolución para sancionar económicamente a quienes utilicen insultos, expresiones injuriosas o denigrantes durante la actividad parlamentaria. La iniciativa prevé que la suspensión de la dieta llegue a dos meses en casos de reincidencia, amenazas, intimidación o agresiones físicas.
La diputada nacional por Mendoza Mercedes Llano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que busca establecer sanciones económicas para los legisladores que incurran en insultos o expresiones consideradas injuriosas, soeces o denigrantes dentro del ámbito parlamentario. La propuesta plantea suspender durante un mes el cobro de la dieta para quienes incurran en este tipo de conductas y apunta a incorporar una herramienta disciplinaria específica dentro del funcionamiento de la Cámara.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, la sanción no estaría dirigida contra las posiciones políticas, las críticas o los debates propios de la actividad legislativa. El proyecto establece expresamente que las opiniones, críticas y juicios de valor continuarían protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. La diferenciación busca separar el intercambio político, incluso cuando sea intenso o confrontativo, de aquellas expresiones que puedan ser consideradas agravios personales.
La propuesta establece una escala de sanciones. En una primera instancia, los legisladores que utilicen insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes podrían perder el derecho a cobrar su dieta durante un mes. Sin embargo, si existe reincidencia o si la conducta incluye amenazas, intimidación o agresión física, el período de suspensión podría extenderse hasta dos meses. De esta manera, la iniciativa plantea que las conductas consideradas más graves tengan una consecuencia económica mayor.
Llano fundamentó su iniciativa en la necesidad de establecer reglas de conducta para el ámbito parlamentario. Según sostuvo, la crítica política forma parte del debate democrático, pero el agravio personal no debería integrarse a la tarea legislativa. En los fundamentos del proyecto, la diputada planteó que el Congreso debe contar con mecanismos capaces de diferenciar las discusiones políticas de las situaciones en las que el intercambio deriva en descalificaciones personales.
La legisladora también vinculó su propuesta con el nivel de tensión que se registra en algunas discusiones parlamentarias. “La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones”, sostuvo Llano en los fundamentos. A partir de esa consideración, señaló que recuperar niveles de respeto y tolerancia dentro de las instituciones requiere, según su planteo, mecanismos concretos de sanción.
La presentación se produjo pocos días después de un episodio de fuerte confrontación registrado durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. En aquella reunión se produjeron cruces entre legisladores, insultos y un forcejeo protagonizado por Juan Grabois y representantes de La Libertad Avanza. El episodio fue difundido ampliamente y derivó posteriormente en iniciativas del oficialismo destinadas a cuestionar la conducta del diputado de Unión por la Patria.
El antecedente volvió a instalar la discusión sobre los límites de la confrontación política dentro del Congreso y sobre las herramientas disponibles para ordenar los debates. El proyecto de Llano plantea que las sanciones económicas funcionen como un mecanismo adicional frente a determinadas conductas, aunque al mismo tiempo intenta preservar la posibilidad de que los legisladores puedan expresar críticas y posiciones políticas sin que estas sean consideradas automáticamente una falta disciplinaria.
La iniciativa deberá ahora atravesar el trámite legislativo correspondiente para determinar si logra avanzar dentro de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la propuesta vuelve a colocar en el centro de la discusión el comportamiento de los representantes durante las sesiones y la relación entre libertad de expresión, debate político y disciplina parlamentaria. El proyecto no modifica por sí mismo las reglas vigentes: plantea incorporar una sanción específica que deberá ser analizada y eventualmente aprobada por el Congreso.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
