El Gobierno oficializó a los dos grupos empresarios que continúan en carrera para quedarse con el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos. Las ofertas económicas se abrirán este jueves 8 de octubre y definirán quién avanza para convertirse en el operador estratégico de la empresa.
El Gobierno nacional confirmó oficialmente a los dos consorcios que competirán por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en el marco del proceso de privatización impulsado por la administración de Javier Milei. La definición quedó establecida mediante la Resolución 1722/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, que declaró admisibles las ofertas técnicas presentadas por ambos grupos empresarios.
La próxima instancia del proceso tendrá lugar este jueves 8 de octubre a las 10, cuando se produzca la apertura de las ofertas económicas. El acto se realizará de manera remota a través del sistema electrónico CONTRAT.AR y será determinante para continuar con la licitación destinada a transferir la participación accionaria que actualmente pertenece al Estado Nacional.
Uno de los grupos que continúa en carrera es el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX. El segundo está conformado por Roggio ROAS S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A. Ambos habían presentado sus propuestas técnicas y ahora deberán competir en la instancia económica del procedimiento.
La apertura de las ofertas técnicas había tenido lugar el pasado 15 de septiembre mediante el sistema CONTRAT.AR. Posteriormente, la Comisión de Evaluación analizó la documentación presentada por los oferentes y, al no registrarse impugnaciones contra el dictamen de preselección, ratificó cuáles eran los grupos habilitados para continuar en el proceso.
El procedimiento contempla la transferencia a un único operador estratégico de la totalidad de las acciones de AySA que se encuentran en manos del Estado Nacional, equivalentes al 90% del capital social de la empresa. El 10% restante corresponde a la participación accionaria de los trabajadores. El proceso se desarrolla bajo la modalidad de etapa múltiple y sin base.
La privatización de AySA se encuentra encuadrada en el esquema establecido por la Ley Bases, que incluyó a la empresa entre las compañías estatales sujetas a privatización. El procedimiento también se articula con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y con los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025, que establecieron distintos aspectos del marco para avanzar con la transferencia de empresas públicas al sector privado.
El proceso también contempla obligaciones para el futuro operador relacionadas con inversiones y expansión de los servicios. Según información difundida durante la licitación, el Plan de Acción 2027-2031 establece compromisos de inversión y metas de cobertura para los servicios de agua potable y cloacas. Esos objetivos forman parte de las condiciones que deberá cumplir quien finalmente quede a cargo de la compañía.
La definición sobre AySA se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional busca avanzar con la participación privada en distintas empresas y servicios que permanecen bajo control estatal. Con la habilitación de los dos consorcios y la próxima apertura de las ofertas económicas, el proceso entra ahora en una etapa decisiva. El resultado de la licitación determinará qué grupo queda en condiciones de asumir el control del 90% de las acciones estatales de la empresa de agua y saneamiento.
Fuente: Noticias Argentinas
