El costo de vida aumentó 2,1% en septiembre y acumuló 24% en lo que va del año, mientras las ventas de alimentos y bebidas cayeron 8,3% interanual. El dato más duro: el 57,6% de los hogares cordobeses declaró tener algún grado de dificultad o restricción para acceder a los alimentos que necesita.
La economía cotidiana de los hogares cordobeses volvió a mostrar señales de deterioro. Según el informe correspondiente a septiembre elaborado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), perteneciente al Centro de Almaceneros de Córdoba, la inflación provincial alcanzó el 2,1% durante septiembre, por encima del 1,8% registrado en agosto. Con este nuevo incremento, el acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 llegó al 24%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,8%. El dato interrumpe la tendencia de desaceleración que se había observado en los meses anteriores y vuelve a poner el costo de vida en el centro de la discusión económica.
Pero detrás del porcentaje de inflación aparece otro indicador todavía más concreto: las familias están comprando menos alimentos. El relevamiento señaló que las ventas en volumen de alimentos y bebidas en los comercios minoristas de proximidad registraron una caída interanual del 8,3% durante septiembre. Es decir, no se trata solamente de que los precios suban, sino de que el consumo físico también se retrae. En los almacenes y comercios barriales esto se traduce en menos productos vendidos y en consumidores que modifican sus hábitos de compra para intentar llegar a fin de mes.
El impacto también se observa en el valor de las canastas que determinan los umbrales de pobreza e indigencia. Durante septiembre, la Canasta Básica Total llegó a $2.076.505, mientras que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $1.130.236 para el hogar de referencia. Estos valores no contemplan solamente una discusión abstracta sobre estadísticas: representan el ingreso necesario para sostener determinados niveles mínimos de consumo. En un escenario donde los salarios y otros ingresos no necesariamente acompañan al mismo ritmo, cada aumento de precios puede significar una reducción adicional de la capacidad de compra.
La situación se vuelve todavía más preocupante cuando el informe se detiene en la seguridad alimentaria. Sólo el 42,4% de los hogares consultados afirmó acceder plenamente a los alimentos que necesita, mientras que el 57,6% restante manifestó algún tipo de dificultad o restricción. Entre los hogares donde hay niños, niñas o adolescentes, el 28,6% señaló que durante septiembre al menos uno de ellos tuvo que reducir la cantidad de comida consumida por falta de dinero. Además, el 39,1% de los hogares indicó que algún adulto redujo su propia ingesta para que los alimentos alcanzaran para el resto de la familia.
A la hora de sostener la alimentación, el crédito y el fiado aparecen como herramientas cada vez más habituales. El informe del IETSE indicó que el 88,8% de los hogares utilizó alguna modalidad de financiamiento para acceder a alimentos. El 38,4% recurrió al fiado, el 36,5% utilizó tarjetas de crédito y el 13,9% pidió préstamos. La combinación muestra hasta qué punto una parte importante de las familias necesita recurrir a mecanismos de financiamiento para sostener consumos básicos. Ya no se trata únicamente de financiar una compra extraordinaria: en numerosos hogares, el endeudamiento aparece asociado a la posibilidad de llenar la mesa.
La fragilidad económica también queda expuesta en la capacidad de los hogares para enfrentar una emergencia. El 28,5% manifestó haber tenido que pedir dinero para afrontar gastos básicos, mientras que el 61,3% señaló que podría sostenerse menos de una semana ante una eventual interrupción de sus ingresos. Otro 32,7% calculó que podría resistir entre una semana y un mes. Los números describen hogares con muy poco margen de maniobra frente a cualquier imprevisto, donde un gasto extraordinario puede rápidamente convertirse en deuda, reducción del consumo o necesidad de pedir ayuda.
El problema tampoco termina en las familias. Los comercios de proximidad reciben directamente el impacto de la caída del consumo. De acuerdo con el relevamiento, el 65,3% de los comerciantes consultados considera que podría sostener su actividad durante más de doce meses, mientras que el 18,6% estima una capacidad de resistencia de entre seis y doce meses. Otro 10,2% calcula que podrá continuar entre tres y seis meses y un 5,9% considera que no podrá superar los tres meses. En paralelo, desde el Centro de Almaceneros se advirtió que el aumento de la cantidad de clientes no necesariamente representa una recuperación comercial: muchas familias compran con mayor frecuencia, pero llevan menos cantidad.
Los números configuran así una fotografía incómoda de la economía cordobesa: la inflación vuelve a acelerarse, el consumo de alimentos cae y una parte importante de los hogares necesita endeudarse o recurrir al fiado para sostener la alimentación. El dato más significativo quizás no esté en el 2,1% de inflación mensual, sino en lo que ocurre detrás de esa cifra: familias que reducen porciones, hogares que no logran acceder plenamente a los alimentos y comercios que venden menos volumen. Mientras el debate económico suele concentrarse en variables macroeconómicas, estos indicadores muestran otra dimensión de la crisis: la de una economía que puede exhibir determinados signos de estabilización y, al mismo tiempo, mantener a buena parte de sus consumidores bajo una fuerte presión sobre el bolsillo.
Fuente: Página 12
