El juez federal Martín Cormick rechazó los argumentos del Ejecutivo y volvió a ordenar que cumpla la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. El Estado tiene cinco días para actualizar los salarios de docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, bajo apercibimiento de multas.
La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, ratificó la resolución anterior y estableció un nuevo plazo de cinco días para que el Estado cumpla con las obligaciones fijadas judicialmente. En caso de incumplimiento, la resolución contempla la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas compulsivas.
La medida judicial alcanza dos aspectos centrales de la Ley 27.795: la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Cormick consideró que la documentación presentada por el Ejecutivo no permite acreditar que la orden judicial haya sido cumplida de manera integral.
En relación con los salarios, el magistrado reconoció que el Gobierno presentó documentación sobre convocatorias a negociaciones paritarias y la efectivización de órdenes de pago. Sin embargo, consideró que esos elementos demostrarían un cumplimiento parcial, ya que no quedó acreditado que los aumentos hayan sido calculados de acuerdo con las variables de actualización establecidas por la legislación.
Uno de los elementos considerados por Cormick fue la evolución de los precios. Según consignó en la resolución, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%. El juez sostuvo que de la información aportada por el Estado no surge que se haya alcanzado ese nivel de actualización salarial previsto por la cautelar.
El Gobierno, por su parte, había sostenido ante la Justicia que había cumplido con la actualización salarial y que el incremento acumulado desde diciembre de 2023 alcanzaba el 226,8%. También argumentó que había reabierto las negociaciones paritarias y presentado una propuesta adicional de aumento. Estos planteos fueron analizados por el magistrado al resolver el pedido de revocatoria presentado por el Ejecutivo.
La discusión también alcanza a las becas universitarias. El artículo 6 de la Ley 27.795 contempla la recomposición de los programas de becas de acuerdo con la variación acumulada del IPC e incluye, entre otros, los programas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería. Según la resolución, el Estado informó medidas vinculadas únicamente con la Beca Manuel Belgrano y sostuvo que los otros programas no quedarían comprendidos por la normativa.
Cormick consideró que esa explicación tampoco acredita el cumplimiento integral de la medida cautelar. El magistrado aclaró que su análisis se desarrolla dentro del proceso cautelar y que no implica anticipar una decisión sobre el fondo de la cuestión. La nueva intimación establece que el Poder Ejecutivo deberá cumplir dentro de cinco días, bajo apercibimiento de astreintes.
La resolución se conoce mientras continúa el conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones universitarias. En paralelo, los gremios docentes y no docentes iniciaron un paro nacional de 72 horas para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. De esta manera, la nueva intimación judicial vuelve a colocar el cumplimiento de la normativa universitaria en el centro de la disputa entre el Ejecutivo, las universidades y los trabajadores del sector.
Fuente: Infonews
