El jefe del bloque de legisladores del Frente Cívico cuestionó con dureza al gobierno de Martín Llaryora por el vaciamiento de la salud pública en el interior, el boleto de transporte “más caro de Argentina” y el bloqueo sistemático a los pedidos de informe de la oposición. Lo hizo en una entrevista con el programa Enfoque Sur, que se emite por Mordisquito TV.
El jefe del bloque de legisladores del Frente Cívico, Walter Nostrala, realizó un durísimo diagnóstico sobre el estado de la administración pública provincial y el funcionamiento institucional de la Legislatura de Córdoba, en una entrevista concedida al programa de streaming político y gremial Enfoque Sur, que se emite por Mordisquito TV.
Consultado sobre los casos de irregularidades que se conocieron en distintas áreas del Estado provincial, el legislador opositor sostuvo que nada de lo que ocurre es casualidad, sino la consecuencia directa de casi tres décadas de continuidad del peronismo en el poder cordobés. Según planteó, ese ciclo prolongado “se le van acabando los funcionarios, los cuadros, las ideas”, y advirtió que buena parte de esos dirigentes ya “son ricos” y perdieron de vista el sentido original de administrar los fondos públicos en beneficio de trabajadores y contribuyentes.
“La provincia más cara de la Argentina”
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el costo de vida y de los servicios en Córdoba. Nostrala afirmó que la provincia se transformó en la más cara del país, no solo en tarifas sino también en la carga impositiva —mencionó puntualmente Ingresos Brutos— que, según su lectura, termina espantando a las empresas que el propio Gobierno dice querer atraer. En esa línea, apuntó contra el sistema de transporte público, al que calificó como el boleto más caro de la Argentina pese a tratarse, según su descripción, de un servicio de mala calidad.
El legislador contrastó esa realidad con la identidad histórica de la provincia como una de las más productivas del país, y remarcó que ese orgullo convive hoy con tarifas elevadas y una contrapartida estatal insuficiente, particularmente en salud pública. Nostrala aseguró que en el interior provincial la salud pública “prácticamente no existe”, una afirmación que —dijo— surge de conocer la realidad del interior de primera mano.
Una Legislatura sin control ni diálogo
El tramo más crítico de la entrevista estuvo dedicado al vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial. Nostrala denunció que la relación es prácticamente nula, porque el oficialismo bloquea sistemáticamente la aprobación de los pedidos de informe que permitirían citar a funcionarios y conocer el estado real de áreas sensibles como salud, educación, seguridad y previsión social. Como ejemplo puntual mencionó el caso del resonador, aunque aclaró que el problema excede ese caso particular.
El legislador cuestionó además que Martín Llaryora nunca convocó a la oposición desde que asumió la gobernación, y remarcó que no se trata de un reclamo personal, sino de una exigencia democrática básica: la existencia de una mesa de diálogo institucional entre el oficialismo y los distintos bloques opositores. “Hay una prepotencia muy grande por parte del oficialismo”, sentenció, y agregó que la Legislatura cordobesa se convirtió en una escribanía donde hoy no existe la discusión política.
El diagnóstico de Nostrala pone el dedo en una llaga que excede la coyuntura: una fuerza política que gobierna Córdoba desde hace casi tres décadas terminó naturalizando el control absoluto de todos los resortes institucionales, al punto de convertir a la Legislatura en un mero trámite de aprobación automática. Que ni siquiera los pedidos de informe —una herramienta mínima de control republicano— logren aprobarse cuando incomodan al oficialismo no es un detalle administrativo, es la fotografía de un poder que ya no rinde cuentas a nadie. Mientras la dirigencia gobernante se llena la boca hablando de atraer inversiones, la provincia ostenta el boleto de colectivo más caro del país y una salud pública que, según describe la propia oposición, directamente desapareció del interior. El costo de tres décadas de continuidad sin alternancia ni control efectivo lo terminan pagando, una vez más, los mismos de siempre: los trabajadores y contribuyentes que sostienen con sus impuestos un Estado que cada vez les devuelve menos.
