Un informe de la Auditoría General de la Nación detectó observaciones sobre el procedimiento utilizado para extender la concesión de Aeropuertos Argentina 2000. El contrato fue prorrogado en 2020 hasta febrero de 2038 y ahora el debate vuelve a cobrar relevancia ante la posibilidad de una nueva extensión de largo plazo.
La Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa el proceso mediante el cual se prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, empresa que administra 35 terminales aeroportuarias del país. El organismo elaboró un informe específico sobre los procedimientos utilizados para la renovación de la concesión y señaló una serie de observaciones vinculadas con el trámite administrativo, la documentación y el rol de los organismos de control.
El antecedente central de la discusión se remonta a 2020, cuando el Poder Ejecutivo aprobó mediante el Decreto 1009/2020 una extensión de diez años del contrato de concesión. De esta manera, el vencimiento originalmente previsto fue trasladado hasta el 13 de febrero de 2038. La medida se justificó en las consecuencias económicas que había generado la pandemia de coronavirus sobre la actividad aeroportuaria y en la necesidad de preservar el equilibrio económico-financiero de la concesión.
De acuerdo con la documentación oficial analizada por la AGN, la solicitud de prórroga había sido presentada por Aeropuertos Argentina 2000 ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) durante 2020. El organismo regulador intervino en el trámite y elaboró una recomendación favorable que posteriormente fue elevada al Poder Ejecutivo, que terminó aprobando la extensión contractual mediante el decreto correspondiente.
Uno de los aspectos centrales de la auditoría está relacionado con el procedimiento utilizado para fundamentar la extensión. Según el informe, se detectaron falencias en el circuito administrativo y en la incorporación de documentación al expediente, además de cuestionamientos respecto de la forma en que fueron establecidos algunos compromisos de inversión. La AGN también puso el foco en la actuación del ORSNA durante el proceso de renovación.
La prórroga de 2020 incluyó compromisos de inversión en infraestructura aeroportuaria. La documentación oficial estableció un esquema de financiamiento de hasta US$947,5 millones, destinado a distintas obras y proyectos. Dentro de ese esquema se contemplaron fondos para obras en ejecución, inversiones sustanciales y trabajos previstos para distintos períodos hasta 2027, mientras que las inversiones correspondientes al período posterior quedarían vinculadas con las necesidades operativas del sistema y el equilibrio de la concesión.
El acuerdo también mantuvo durante el período de extensión la exclusividad prevista en el contrato de concesión, aunque con determinadas modificaciones respecto de las zonas de influencia. La estructura contractual y económica de la concesión constituye uno de los elementos centrales para entender la importancia del informe de la AGN, ya que cualquier modificación de largo plazo puede tener consecuencias sobre el funcionamiento del sistema aeroportuario y sobre las obligaciones de inversión del operador privado.
El informe vuelve a cobrar relevancia en un momento en que se discute el futuro de la explotación de las terminales aeroportuarias. Según informó Minuto Uno, existe un debate alrededor de una eventual nueva extensión de la concesión por varias décadas, mientras que desde distintos sectores se cuestiona la velocidad con la que se estaría avanzando en ese proceso. Esas interpretaciones forman parte de la discusión política y deberán distinguirse de las observaciones concretas realizadas por el organismo auditor.
La discusión de fondo plantea qué condiciones deberá cumplir el Estado para definir el futuro de la concesión cuando se acerque el vencimiento vigente y cómo deberán garantizarse las inversiones, la transparencia del procedimiento y los mecanismos de control. Por ahora, el antecedente de 2020 y las observaciones formuladas por la AGN constituyen elementos relevantes para analizar cualquier eventual modificación futura del contrato. El informe de auditoría, de esta manera, vuelve a colocar bajo discusión el modelo de administración de los principales aeropuertos del país.
Fuente: Minuto Uno
