La diputada Marcela Pagano anunció una ampliación de su denuncia judicial por presuntas irregularidades en la Quinta de Olivos. Cuestiona contrataciones, compras de alimentos, proveedores y posibles vínculos familiares dentro de la estructura de la residencia presidencial. Los señalamientos deberán ser investigados por la Justicia.
Las modificaciones implementadas por el Gobierno en la Quinta de Olivos quedaron nuevamente bajo la lupa después de que la diputada Marcela Pagano anunciara una ampliación de la denuncia que ya había presentado ante la Justicia. Según publicó Página/12, la legisladora sostiene que existen posibles irregularidades vinculadas con contrataciones, proveedores y compras realizadas para la residencia presidencial. Se trata de acusaciones que deberán ser verificadas judicialmente.
Uno de los principales señalamientos apunta a un supuesto proveedor utilizado para facturar más de 600 millones de pesos. De acuerdo con la denuncia difundida por Pagano, se trataría de un jubilado que reside en un barrio de bajos recursos y que habría sido inscripto como proveedor del Estado. La diputada sostiene que las facturaciones realizadas a su nombre podrían haber terminado beneficiando a personas del entorno de la Secretaría General de la Presidencia. Hasta el momento, estas afirmaciones forman parte de una denuncia y no de una conclusión judicial.
Pagano también cuestionó las compras realizadas para el funcionamiento de la residencia presidencial. Entre otros puntos, mencionó la adquisición de carritos de golf eléctricos utilizados para los traslados dentro del predio y sostuvo que las contrataciones se habrían concentrado en una misma empresa. La legisladora también puso bajo cuestionamiento los gastos destinados a aromatizadores y otros elementos utilizados en Olivos. Estos planteos fueron incorporados a sus cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos en la residencia.
Otro de los ejes de la denuncia son las compras de alimentos. Pagano cuestionó particularmente el volumen y la calidad de determinados productos adquiridos para la Quinta y mencionó una contratación de carne de calidad premium por alrededor de 500 millones de pesos. También planteó interrogantes sobre la cantidad de personas que comen diariamente en la residencia y sobre el destino final de los alimentos comprados con recursos estatales. El planteo busca que la Justicia determine si las cantidades adquiridas se corresponden con las necesidades reales del lugar.
La denuncia también menciona compras de frutas y verduras. Según la presentación citada por Página/12, una adquisición prevista para varios meses habría sido reemplazada antes del plazo originalmente calculado. A partir de esos datos, Pagano realizó una estimación sobre el volumen diario de alimentos que habría ingresado a la residencia y cuestionó que el Poder Ejecutivo no haya informado públicamente cuántas personas reciben alimentación allí. La interpretación sobre un eventual desvío de mercadería es parte de la hipótesis denunciada y deberá ser corroborada mediante documentación y otras pruebas.
En paralelo, la legisladora cuestionó posibles vínculos familiares dentro de la estructura de Olivos. La denuncia señala a María Belén Agudiez, entonces subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, y menciona a familiares que habrían ocupado funciones vinculadas con la residencia. También plantea una eventual relación entre esas designaciones y una empresa privada de catering. Pagano pidió que se investigue si existió algún conflicto de intereses o utilización irregular de bienes y recursos estatales.
Los cuestionamientos se producen después de que el Gobierno decidiera modificar de manera sustancial el funcionamiento de la Quinta de Olivos y transferir a la Casa Militar responsabilidades relacionadas con la seguridad y las tareas operativas de la residencia. La medida estuvo acompañada por el desplazamiento de trabajadores civiles. El Ejecutivo justificó los cambios en razones vinculadas con el refuerzo de la seguridad presidencial, mientras que sectores críticos plantearon otras interpretaciones sobre los motivos de la reestructuración.
Pagano pidió a la Justicia que preserve documentación, registros informáticos y filmaciones de las cámaras de seguridad, además de realizar inventarios en los depósitos de Olivos y tomar declaración a trabajadores civiles que fueron desplazados. La diputada sostiene que esos empleados podrían aportar información sobre el funcionamiento interno de la residencia y las compras realizadas. La investigación deberá establecer si existieron delitos como administración fraudulenta, peculado o incumplimiento de los deberes de funcionario público, figuras que fueron mencionadas en la denuncia pero que no implican que esos delitos hayan sido acreditados.
Con Ayuda de Pagina 12
