El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito de 77 páginas para responder los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa sostuvo que buena parte de los fondos cuestionados proviene de bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública.
Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia las explicaciones solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio. El exjefe de Gabinete entregó, a través de su abogado Matías Ledesma, un escrito de 77 páginas en respuesta a los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El argumento central de la defensa es que el crecimiento patrimonial registrado durante su paso por la función pública puede ser explicado mediante documentación contable, técnica y financiera. En el escrito, los abogados sostuvieron que la evolución patrimonial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 tiene un “sustento razonable y verificable” y negaron que exista un enriquecimiento que no pueda ser explicado.
Uno de los principales puntos de la presentación volvió a ser el Bitcoin. La defensa afirmó que los dólares cuestionados por la investigación provienen de operaciones realizadas con criptomonedas que Adorni habría adquirido entre 2014 y 2018, varios años antes de ocupar cargos en el Estado. Según la presentación, los fondos fueron obtenidos a partir de la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin.
De acuerdo con los datos difundidos sobre el escrito, esas operaciones habrían representado aproximadamente 591.544 dólares. La defensa sostiene que los bitcoins fueron comprados con ahorros provenientes de actividades profesionales privadas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. También afirmó que las billeteras utilizadas para esas operaciones ya no conservan saldo.
La investigación judicial había detectado inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales del exfuncionario. Según la información publicada sobre el requerimiento fiscal, se identificaron diferencias por alrededor de 43 millones de pesos y 400.000 dólares, además de un incremento patrimonial del 119 por ciento que debía ser explicado ante la Justicia. Esas observaciones forman parte de una investigación en curso y no equivalen por sí mismas a una determinación de responsabilidad penal.
Otro de los puntos incluidos en el descargo está relacionado con la vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La fiscalía había requerido explicaciones sobre los fondos utilizados para la adquisición y sobre el costo de las obras realizadas en el inmueble. La defensa rechazó que las refacciones hayan costado 245.000 dólares y aseguró que el monto efectivamente abonado al contratista fue de 175.000 dólares.
La presentación también cuestionó la documentación utilizada para establecer el costo de esas obras y sostuvo que existían diferencias en las planillas aportadas por el contratista. Según la defensa, una de esas planillas arrojaría un monto distinto al que había sido consignado originalmente. Además, presentó una valuación técnica realizada por un arquitecto contratado por la propia defensa que estimó el costo de los trabajos en aproximadamente 174.955 dólares.
Ahora será el fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo quienes deberán analizar las explicaciones y la documentación presentada. La Justicia deberá determinar si los argumentos permiten aclarar las inconsistencias observadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación. Entre las posibilidades mencionadas en las últimas semanas aparece una eventual declaración indagatoria, aunque esa decisión todavía no fue adoptada.
Con ayuda de Pagina 12
