La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra y quedó convertida en ley. La reforma amplía el Régimen Simplificado de Ganancias, modifica los criterios de fiscalización de ARCA y busca generar incentivos para que ahorros que permanecen fuera del circuito financiero ingresen a la economía formal.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional con el objetivo de modificar el régimen tributario y facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero. La votación terminó con 44 votos afirmativos y 23 negativos, sin abstenciones, y permitió al oficialismo avanzar con una de sus principales iniciativas económicas del período.
La sanción contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que el peronismo votó en contra. El proyecto ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados y, con la aprobación del Senado, quedó convertido definitivamente en ley. El oficialismo logró reunir los votos necesarios luego de negociaciones con sectores aliados y dialoguistas.
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva normativa está relacionado con el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La legislación anterior establecía límites para acceder a ese mecanismo: quedaban excluidos quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los tres años anteriores. La nueva ley elimina esos topes y amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al régimen.
La reforma también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar cuándo existen diferencias relevantes entre la información declarada por un contribuyente y los datos disponibles para el organismo. Entre los cambios establecidos, una diferencia del 15% o más que no supere los $5 millones dejará de ser considerada automáticamente una discrepancia significativa bajo las nuevas condiciones previstas por la ley.
Otro de los cambios incorporados permite que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas cuando ARCA detecte determinadas diferencias, sin perder automáticamente los beneficios del régimen. La normativa contempla un plazo de hasta 15 días hábiles desde la notificación para presentar la declaración rectificativa y cancelar o regularizar la diferencia correspondiente, junto con los intereses previstos. De esta manera, se modifica el mecanismo que anteriormente podía derivar en la pérdida inmediata de los beneficios.
El objetivo declarado por el Gobierno es incentivar el ingreso al circuito formal de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero. Desde el oficialismo se viene utilizando la expresión “dólares del colchón” para referirse a esos ahorros y se estima que existen alrededor de US$170.000 millones fuera del sistema financiero, aunque esa cifra constituye una estimación y no implica que ese monto vaya a ingresar efectivamente a partir de la nueva ley. La expectativa oficial es que parte de esos recursos se incorporen a la economía formal.
La normativa también establece una fecha límite para determinados beneficios vinculados con la presunción de exactitud de las declaraciones y el denominado “tapón fiscal”. Según el texto aprobado, esos beneficios podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, la ley contempla restricciones para determinados funcionarios públicos, que quedan excluidos de los principales beneficios del régimen bajo las condiciones establecidas por la norma.
Durante el debate parlamentario también quedaron expuestas las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto del alcance de la reforma. Desde La Libertad Avanza se defendió la iniciativa como una modificación destinada a simplificar el vínculo entre los contribuyentes y el Estado y generar condiciones para formalizar ahorros. Desde el peronismo, en cambio, se cuestionó la reforma y se la vinculó con un esquema que, según ese sector, flexibiliza controles tributarios y forma parte del programa económico del Gobierno.
Con la aprobación del Senado, Inocencia Fiscal II quedó convertida en ley y pasa a formar parte del nuevo esquema tributario. La implementación de sus disposiciones permitirá evaluar en los próximos meses si los cambios efectivamente generan un mayor ingreso de ahorros al circuito formal y cómo impactan sobre los mecanismos de fiscalización de ARCA. Por ahora, el Gobierno consiguió aprobar una reforma que amplía el régimen simplificado de Ganancias y modifica las condiciones bajo las cuales el organismo recaudador puede cuestionar las declaraciones de los contribuyentes.
FUENTE: La Nueva Mañana
