El Frente de Gremios Estatales y Aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba celebró la reducción del 8% al 6% en los aportes extraordinarios, aunque advirtió que la medida llega tarde, a medias, y no resuelve el fondo del ajuste previsional impuesto por la Ley de Equidad Jubilatoria.
El Frente de Gremios Estatales y Aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba confirmó este miércoles que la decisión del Gobierno provincial de reducir del 8% al 6% los aportes extraordinarios establecidos por la Ley 11.087 es un avance conseguido “con lucha y unidad”, pero remarcó que la medida no cierra el conflicto: el reclamo central sigue siendo la derogación completa de la norma, conocida como Ley de Equidad Jubilatoria.
Desde la entidad —que nuclea a los 23 gremios estatales de la provincia— sostuvieron que la morigeración no es una concesión graciosa del Ejecutivo, sino la consecuencia directa de la presión gremial, política y judicial sostenida durante meses. En ese sentido, recordaron que el propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en un fallo del 29 de mayo de este año, ya había ordenado reducir la alícuota extraordinaria y dispuesto avanzar hacia una disminución progresiva de estos aportes.
Un gobierno que llegó tarde a cumplir un fallo judicial
Lo que los gremios remarcan con dureza es el tiempo que tardó la administración de Martín Llaryora en adecuarse a lo que la Justicia ya había establecido. Según habían denunciado las propias organizaciones semanas atrás, transcurrieron más de dos meses desde el fallo del TSJ sin que el Poder Ejecutivo provincial tomara ninguna medida concreta, pese a que el máximo tribunal había fijado lineamientos que el Estado no podía seguir ignorando.
Ese incumplimiento no fue un hecho aislado. La Ley 11.087, aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2025, generó desde su reglamentación un fuerte rechazo sindical y una ola de amparos judiciales de jubilados y trabajadores activos que denunciaron una quita encubierta sobre sus haberes. Hubo fallos que rechazaron amparos individuales, pero también resoluciones que declararon inconstitucional la norma y ordenaron a la Caja de Jubilaciones abstenerse de aplicarla en casos puntuales, dejando en evidencia las fisuras legales de una ley que, según sus críticos, ni siquiera fija con claridad una fecha de finalización.
El reclamo de fondo sigue en pie
Para los gremios estatales, la reducción de dos puntos porcentuales no altera el diagnóstico de fondo: la Ley 11.087 trasladó el costo del ajuste previsional a los salarios de los trabajadores activos y a los ingresos de jubiladas y jubilados, en lugar de garantizar la sustentabilidad de la Caja mediante políticas de financiamiento genuino y el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a los distintos niveles del Estado.
Por eso, el Frente de Gremios solicitó formalmente una reunión con el secretario General de la Gobernación para exhibir su reclamo directamente ante el Poder Ejecutivo y insistir en la necesidad de construir, en sus palabras, un sistema previsional justo, sustentable y respetuoso de los derechos de trabajadoras, trabajadores y jubilados.
Que el Gobierno provincial haya necesitado un fallo judicial y meses de presión gremial para bajar apenas dos puntos un aporte que la propia Justicia calificó de irrazonable dice mucho sobre las prioridades de la gestión de Llaryora a la hora de administrar el ajuste. La Ley 11.087 nació como una “emergencia previsional” sin fecha de vencimiento clara, dejando en manos del Poder Ejecutivo la potestad de estirarla indefinidamente, y terminó funcionando como una motosierra silenciosa sobre los bolsillos de empleados públicos activos y jubilados, mientras el discurso oficial hablaba de sostener el empleo estatal. La morigeración anunciada es, en el mejor de los casos, un parche tardío y a mitad de camino: no derogación, no reparación, no devolución de lo ya descontado. Los gremios lo dicen con claridad y hacen bien en no bajar la bandera: no alcanza con ceder lo mínimo que la Justicia obligó a ceder. La discusión de fondo —quién paga la sustentabilidad del sistema previsional cordobés— sigue absolutamente abierta.
