Unión por la Patria presentó en el Senado una iniciativa para limitar las ventajas impositivas de entidades financieras, proveedores de servicios de pago y billeteras virtuales. El debate vuelve a poner bajo la lupa el modelo de Mercado Pago, los beneficios fiscales de Mercado Libre y el creciente negocio del crédito digital.
La discusión sobre el poder económico de las grandes plataformas digitales sumó un nuevo capítulo en el Senado. Un proyecto impulsado por legisladores de Unión por la Patria busca modificar el tratamiento impositivo de las entidades financieras, los proveedores de servicios de pago y las billeteras virtuales, en un movimiento que apunta directamente al modelo de negocios de empresas como Mercado Pago. La iniciativa aparece en medio de una fuerte expansión del crédito digital y de un escenario en el que millones de argentinos recurren al financiamiento para cubrir gastos cotidianos.
El planteo adquiere especial relevancia por el peso que alcanzó Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin, dentro del sistema financiero argentino. La empresa ya no funciona solamente como una plataforma de comercio electrónico: Mercado Pago se convirtió en uno de los principales actores del universo de pagos digitales, mientras que Mercado Crédito amplió fuertemente su participación en el otorgamiento de préstamos. El avance del negocio financiero abrió una discusión sobre si una compañía que desarrolla actividades cada vez más parecidas a las bancarias debe mantener un esquema regulatorio y tributario diferente al de los bancos tradicionales.
El dato que volvió a encender la polémica es el beneficio fiscal registrado por Mercado Libre durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con el balance presentado por la propia compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, los beneficios alcanzaron aproximadamente los 42 millones de dólares. El monto incluye unos 29 millones de dólares vinculados al Impuesto a las Ganancias y otros 13 millones relacionados con contribuciones sociales. El beneficio está asociado al régimen de promoción de la Economía del Conocimiento.
Ese número permite entender por qué la discusión excede una simple disputa entre bancos tradicionales y empresas tecnológicas. Mercado Libre sostiene que cumple con las obligaciones tributarias correspondientes y que los beneficios están contemplados por la legislación vigente. De hecho, distintos análisis señalan que no se trata de una exención creada específicamente para Galperin, sino de un régimen general de promoción al que la empresa está incorporada. La discusión política pasa entonces por otra pregunta: si corresponde mantener esos incentivos para una compañía de la escala y rentabilidad actual de Mercado Libre.
El proyecto presentado por Unión por la Patria pretende avanzar precisamente sobre esa zona gris. Según Página/12, la iniciativa busca limitar las ventajas impositivas aplicadas a entidades financieras, proveedores de servicios de pago y billeteras virtuales. El objetivo político es evitar que empresas que participan de actividades financieras de gran escala puedan aprovechar un tratamiento diferencial frente a entidades que están sometidas a mayores exigencias regulatorias y tributarias.
La discusión también se conecta con el crecimiento del endeudamiento de los hogares. En los últimos años, el crédito dejó de ser utilizado solamente para financiar compras importantes y comenzó a funcionar para muchas familias como una herramienta para llegar a fin de mes. En ese escenario, las fintech encontraron un mercado enorme para préstamos personales y financiamiento inmediato. Mercado Pago, en particular, incrementó fuertemente la cantidad de usuarios con deuda, mientras la morosidad también se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión pública.
La pelea por la regulación tampoco es nueva. En 2026, bancos y fintech protagonizaron una fuerte disputa alrededor de la posibilidad de utilizar billeteras virtuales para el pago de salarios. Las entidades bancarias cuestionaron que las cuentas de pago fueran equiparadas a las cuentas bancarias sin un régimen prudencial equivalente, mientras las fintech defendieron la libertad de elección y mayor competencia. Finalmente, el texto de la reforma laboral tratado en el Senado eliminó la posibilidad de acreditar salarios en proveedores de servicios de pago.
Así, el proyecto de Unión por la Patria coloca nuevamente en el centro una pregunta que excede a Galperin: ¿hasta dónde puede llegar una fintech sin convertirse, en los hechos, en una entidad financiera sometida a reglas equivalentes a las de los bancos? La respuesta tendrá consecuencias sobre impuestos, competencia, crédito y protección de los consumidores. En un país donde el endeudamiento familiar creció con fuerza mientras las plataformas digitales ampliaron su negocio financiero, la discusión sobre quién regula, quién paga impuestos y quién se beneficia de las reglas dejó de ser un debate exclusivamente técnico.
Fuente: Página 12
