El presidente colombiano Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general que desde 2015 restringía el porte de armas de fuego. La medida alcanza a los ciudadanos que ya poseen permisos vigentes y mantiene los requisitos legales para acceder a ellos. El Gobierno la presenta como una herramienta de legítima defensa frente al avance del delito, mientras organizaciones y especialistas advierten sobre los riesgos de aumentar la circulación de armas en una sociedad atravesada por la violencia.
Colombia dio un fuerte giro en su política de seguridad con la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego. La medida fue formalizada mediante el Decreto 1368 y permite que aproximadamente 700.000 personas que ya cuentan con autorizaciones vigentes puedan volver a llevar sus armas fuera de sus hogares. El Gobierno sostiene que la decisión busca fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos frente al crimen, aunque la medida generó críticas entre sectores que advierten que una mayor circulación de armas puede incrementar los riesgos de violencia.
La decisión representa un cambio respecto de la política aplicada durante más de una década. En 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos había suspendido de manera general los permisos de porte de armas, una restricción que posteriormente fue mantenida por distintos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha. El argumento detrás de aquella política estaba vinculado con la necesidad de reducir los riesgos asociados a la presencia de armas de fuego en las calles. Ahora, De la Espriella decidió revertir ese esquema como parte de una estrategia de seguridad basada en una posición mucho más dura frente a la criminalidad.
El Gobierno colombiano buscó dejar en claro que la medida no significa que cualquier persona pueda comprar un arma y comenzar a llevarla consigo sin controles. El decreto restablece el porte para quienes ya tienen permisos vigentes y no modifica los requisitos establecidos por la legislación colombiana. Las autorizaciones vencidas, suspendidas, canceladas o revocadas continúan sin habilitar el porte, mientras que las personas que pretendan obtener una autorización deben atravesar los controles correspondientes. Entre ellos figuran verificaciones de antecedentes y evaluaciones vinculadas con las condiciones necesarias para manejar un arma.
De la Espriella defendió la decisión como una herramienta para proteger a los llamados “ciudadanos de bien” frente a delincuentes que ya operan con armas ilegales. El mandatario sostiene que una gran parte de los delitos se comete utilizando armamento que se encuentra por fuera del sistema legal y que, por lo tanto, impedir que ciudadanos autorizados puedan portar sus armas no resuelve el problema de fondo. Su argumento forma parte de una política de seguridad que desde el comienzo de su gestión se caracterizó por un discurso de mano dura y por una ofensiva directa contra las organizaciones criminales y los grupos armados.
Sin embargo, la medida despertó fuertes cuestionamientos. El senador opositor Ariel Ávila advirtió sobre el riesgo de que armas adquiridas legalmente puedan terminar posteriormente en manos de organizaciones criminales y cuestionó la decisión desde una perspectiva de seguridad pública. Especialistas también señalaron que aumentar la cantidad de armas disponibles en circulación puede generar consecuencias difíciles de controlar, particularmente en un país que arrastra décadas de violencia vinculada con grupos armados, narcotráfico, delincuencia organizada y conflictos territoriales.
El debate se produce además en un contexto particularmente delicado para Colombia. El nuevo Gobierno está desarrollando una política de seguridad mucho más agresiva, con operaciones militares contra grupos armados y una retórica de “guerra total” contra organizaciones consideradas terroristas. En las últimas semanas, algunas de esas operaciones generaron controversia por la muerte de menores que habían sido reclutados por grupos armados. La estrategia de De la Espriella ya provocó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que advierten sobre los límites que debería tener la respuesta estatal frente a la violencia.
La decisión sobre las armas también tiene una fuerte dimensión política porque forma parte de las promesas que De la Espriella realizó durante su campaña. El mandatario construyó buena parte de su identidad política alrededor de la seguridad, la defensa personal y una posición de máxima firmeza contra las organizaciones criminales. Su Gobierno busca diferenciarse de la estrategia de administraciones anteriores y presentar al Estado como un actor dispuesto a utilizar todos los recursos disponibles para recuperar el control territorial. En ese marco, devolver el porte de armas a los ciudadanos autorizados funciona como una señal política destinada a reforzar ese perfil.
El nuevo escenario también coloca a Colombia ante una discusión que atraviesa a numerosos países de la región: si una sociedad más armada puede convertirse en una sociedad más segura o si, por el contrario, la mayor disponibilidad de armas aumenta los riesgos. El Gobierno colombiano apuesta por la primera interpretación, siempre bajo un sistema de permisos y controles. Sus críticos sostienen que el Estado no debería trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de enfrentar la inseguridad mediante armas de fuego. Por ahora, la decisión de De la Espriella marca un cambio profundo en la política colombiana y será observada de cerca por su impacto sobre la criminalidad, la violencia y la seguridad ciudadana.
Fuente: El Destape
