El Ejecutivo nacional reglamentó mediante el Decreto 875/2026 la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18. El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y se crearán nuevas estructuras para supervisar los casos y coordinar la implementación con las provincias.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil y completó así el esquema administrativo necesario para aplicar la Ley 27.801. La medida fue formalizada a través del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el régimen alcanza a las personas adolescentes desde los 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplen 18 años cuando sean imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales.
La normativa establece que el objetivo del régimen no se limita a determinar una eventual responsabilidad penal, sino que también busca promover la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes involucrados en procesos judiciales. La ley establece además que durante todo el procedimiento deben garantizarse derechos y garantías constitucionales, entre ellos el debido proceso, el derecho de defensa, la asistencia legal y el principio de proporcionalidad de las medidas que restrinjan derechos.
Uno de los principales cambios es que el nuevo régimen contempla la responsabilidad penal desde los 14 años. El límite etario había sido establecido por la Ley 27.801 y no es modificado por el decreto reglamentario. La aplicación se extiende hasta las cero horas del día en que el adolescente cumple 18 años, tomando como referencia la edad que tenía al momento en que se habría cometido el hecho investigado.
El Ministerio de Justicia tendrá a su cargo la aplicación del régimen en el ámbito nacional y federal. Entre sus responsabilidades estará la coordinación de los distintos organismos involucrados y el seguimiento de las medidas que se dispongan en cada caso. Además, la reglamentación contempla la creación de un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, a partir del cual los jueces podrán seleccionar profesionales especializados para realizar el seguimiento correspondiente.
El decreto también establece un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y tendrá como objetivo coordinar la intervención de distintas áreas del Estado. El organismo estará integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Entre sus funciones estarán elaborar lineamientos comunes, promover el intercambio de información técnica y estadística y coordinar aspectos vinculados con la prevención, el abordaje y la reinserción de los adolescentes alcanzados por el sistema.
Otro de los mecanismos previstos es la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a articular el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La participación de las jurisdicciones provinciales será voluntaria y estará orientada a facilitar el intercambio de experiencias, armonizar criterios y promover convenios de cooperación para la implementación del nuevo sistema.
En materia de sanciones, la Ley 27.801 establece distintas alternativas y modalidades de privación de la libertad, entre ellas el cumplimiento en domicilio, en institutos abiertos o en institutos especializados de detención. También establece que las medidas deberán estar acompañadas por acciones destinadas a favorecer la educación, el trabajo y la comprensión de la gravedad del hecho cometido. La normativa prohíbe además la prisión perpetua para adolescentes y fija en 15 años el plazo máximo de las penas privativas de la libertad.
La reglamentación también pone el foco en la especialización de quienes intervengan en estos procesos. Jueces, fiscales, defensores y demás organismos deberán contar con capacitación específica en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal y con conocimientos sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas nacionales e internacionales aplicables. De esta manera, el Gobierno avanzó en la puesta en funcionamiento de un sistema que abre una nueva etapa en el tratamiento penal de adolescentes y que tendrá como uno de sus principales desafíos la coordinación entre Nación, provincias, Justicia y los organismos especializados.
Fuente: Minuto Uno
