El Gobierno de Donald Trump anunció sanciones financieras contra Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro, y contra cinco empresas y entidades cubanas vinculadas con sectores estratégicos. La medida profundiza la ofensiva de Washington contra La Habana y se conoce en medio de versiones sobre el estado de salud del expresidente cubano.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Cuba y apuntó esta vez contra Fidel Ernesto Castro, uno de los nietos del expresidente Raúl Castro. La medida fue comunicada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien informó además que Washington aplicará restricciones contra cinco entidades económicas y bancarias de la isla. El nuevo paquete de sanciones representa otro paso en la estrategia de máxima presión impulsada por la administración de Donald Trump contra el gobierno cubano y se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países.
Las sanciones contra Fidel Ernesto Castro implican un bloqueo financiero que restringe el acceso a activos y operaciones dentro de la jurisdicción estadounidense. El nieto de Raúl Castro, de 31 años, quedó incluido entre las personas alcanzadas por las nuevas medidas anunciadas por Washington. La decisión forma parte de una política que busca golpear económicamente a integrantes del círculo de poder cubano y a las estructuras que, según la administración estadounidense, permiten sostener al gobierno de La Habana.
El Gobierno de Estados Unidos también sancionó a cinco empresas y entidades vinculadas con áreas consideradas estratégicas para la economía cubana. Entre ellas aparecen el Banco Exterior de Cuba y compañías relacionadas con los sectores energético y minero. Las medidas apuntan así no solamente contra una persona vinculada con la familia Castro, sino también contra estructuras empresariales que tienen participación en actividades fundamentales para la generación de ingresos y el funcionamiento de la economía de la isla.
Desde Washington sostienen que estas acciones buscan limitar los recursos disponibles para las autoridades cubanas y ejercer presión sobre el aparato político y económico de la isla. Marco Rubio volvió a cuestionar al gobierno cubano y sostuvo la posición de Estados Unidos de responsabilizar a sus dirigentes por la situación económica, social y política que atraviesa el país. La administración Trump considera que las sanciones constituyen una herramienta para presionar por cambios políticos y, al mismo tiempo, para afectar las fuentes de financiamiento de las estructuras estatales cubanas.
La decisión se conoce además en un momento especialmente delicado para Cuba. La isla atraviesa una profunda crisis económica y energética, con dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible y problemas recurrentes en su sistema eléctrico. Los cortes de electricidad se convirtieron en una de las principales expresiones de la crisis y afectan tanto a hogares como a actividades productivas y servicios esenciales. Desde La Habana cuestionan que las sanciones estadounidenses agravan una situación económica que ya era crítica y responsabilizan a Washington por parte de las dificultades que enfrenta la población.
Las nuevas sanciones también se producen mientras aumentó la atención internacional sobre la salud de Raúl Castro, quien tiene 95 años. En los últimos días circularon versiones periodísticas sobre su estado, aunque la información disponible no permitió establecer públicamente con precisión cuál es su situación actual. El contexto hizo que la decisión estadounidense adquiriera una particular repercusión política, debido a que uno de los principales objetivos personales de las nuevas sanciones pertenece directamente a la familia del histórico dirigente cubano.
La ofensiva contra Cuba se suma a otras medidas adoptadas por Washington durante 2026 y profundiza una política de presión económica que ya había alcanzado al sector energético, al turismo y a empresas vinculadas con las estructuras militares cubanas. Estados Unidos busca reducir las posibilidades del gobierno de Miguel Díaz-Canel de acceder a recursos externos y, al mismo tiempo, incrementar el costo económico de mantener el actual sistema político. Para La Habana, en cambio, estas acciones forman parte de una política de asfixia económica que perjudica principalmente a la población y dificulta todavía más la recuperación del país.
El nuevo paquete de sanciones deja en evidencia que la relación entre Estados Unidos y Cuba atraviesa una de sus etapas de mayor tensión de los últimos años. La incorporación de un miembro de la familia Castro y de empresas vinculadas con sectores clave demuestra que Washington pretende ampliar los objetivos de su estrategia de presión. Mientras el gobierno estadounidense sostiene que las medidas buscan debilitar al régimen cubano, las autoridades de La Habana denuncian que el endurecimiento de las restricciones profundiza la crisis económica y humanitaria. Por ahora, lejos de observarse una distensión, las últimas decisiones anticipan una continuidad de la confrontación entre ambos gobiernos.
Fuente: C5N, Reuters y El País.
