ATE advirtió que distintas oficinas del organismo se están quedando sin trabajadores por retiros voluntarios y reducción de personal. En paralelo, más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados suspendieron durante 48 horas la atención programada por reclamos de aranceles y pagos.
La crisis del PAMI suma un nuevo capítulo y vuelve a poner a los jubilados en el centro de la preocupación. Mientras más de un centenar de prestadores privados llevan adelante un paro de 48 horas, desde ATE denunciaron un supuesto “vaciamiento” de las agencias del organismo, con oficinas que podrían quedar prácticamente sin personal.
Según el gremio, la reducción de trabajadores está vinculada con retiros voluntarios y una fuerte caída de los salarios. En Mar del Plata, ATE alertó que algunas dependencias sufrirían una reducción cercana al 30% de su planta, mientras que una de las agencias más grandes de Tandil quedaría funcionando con apenas cinco empleados.
El problema, según la denuncia sindical, no se limita al personal administrativo. También se registra una salida de profesionales y dificultades para cubrir áreas fundamentales como trabajo social. ATE señaló que existen localidades y agencias donde directamente no habría trabajadores sociales disponibles para atender las necesidades de los afiliados.
La situación adquiere una dimensión todavía más delicada en el Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata, donde se denunció que unas 25 camas de internación permanecen cerradas por falta de personal. Además, ATE afirmó que existen dificultades para realizar cirugías cardiovasculares y otras intervenciones de alta complejidad por falta de insumos.
A esto se suman problemas en las prestaciones sociales. Según la denuncia, hay demoras superiores a seis meses en algunas vacantes para residencias geriátricas, centros de día que estarían abandonando el sistema debido a los bajos aranceles y subsidios cuya autorización puede demorar hasta un año.
Mientras tanto, el conflicto se trasladó directamente a los prestadores privados. Más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales suspendieron durante 48 horas la atención programada a afiliados del PAMI en distintas jurisdicciones, en reclamo de una actualización de los aranceles y por las demoras en los pagos. Las guardias mantienen la atención de las emergencias.
Las entidades que representan a los prestadores sostienen que existe un fuerte atraso entre los valores que paga PAMI y la evolución de los costos. Según datos difundidos por el sector, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación habría alcanzado el 241%, mientras que la cápita abonada por el organismo aumentó 111%.
El conflicto ya tuvo consecuencias dentro del propio Gobierno. La falta de una solución al reclamo de los prestadores fue vinculada con la salida del viceministro de Salud Guido Giana, mientras que algunas instituciones comenzaron a cortar servicios para afiliados. Esta semana, por ejemplo, un sanatorio de Mar del Plata dejó de atender a unos 8.000 afiliados que tenía asignados.
El escenario deja una pregunta cada vez más difícil de esquivar: ¿qué pasa cuando una obra social destinada a garantizar la atención de millones de jubilados pierde trabajadores, acumula reclamos de prestadores y comienza a tener servicios que dejan de funcionar con normalidad? Desde ATE hablan directamente de vaciamiento y alertan sobre una situación sanitaria preocupante para los adultos mayores.
Por ahora, el conflicto continúa abierto y los prestadores esperan una respuesta que permita actualizar los aranceles y normalizar los pagos. Del otro lado, crece la preocupación de los trabajadores y de los afiliados. El PAMI enfrenta una tormenta que ya no se limita a las oficinas: empieza a sentirse directamente en hospitales, clínicas y en la atención cotidiana de los jubilados.
