Una investigación de El Destape cuestiona el mecanismo mediante el cual Mercado Pago ofrece créditos a beneficiarios de programas sociales y descuenta las cuotas automáticamente cuando el Estado deposita las prestaciones. La oposición reclama limitar estas prácticas y advierte sobre tasas que pueden llegar al 700% anual.
Una nueva polémica se instaló alrededor de Mercado Pago y el uso de las prestaciones sociales como fuente de financiamiento. Según una investigación publicada por El Destape, más de 1,8 millones de personas que cobran programas de Anses utilizan actualmente cuentas de Mercado Pago, entre ellas beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, la AUE, Progresar y Mil Días.
El dato que encendió la discusión es que la billetera de Marcos Galperín también ofrece créditos a ese universo de usuarios. De acuerdo con la investigación, algunos préstamos pueden alcanzar costos financieros de hasta 700% anual, mientras que el mecanismo de cobro permite descontar automáticamente las cuotas cuando el beneficiario recibe su prestación estatal.
La situación genera cuestionamientos porque se trata de dinero destinado originalmente a cubrir necesidades básicas. La denuncia plantea que una parte de los recursos que el Estado deposita para asistencia alimentaria puede terminar siendo utilizada para cancelar deudas contraídas con la propia billetera virtual.
Según los datos citados por El Destape, Mercado Pago concentra actualmente alrededor de 1.832.000 beneficiarios de programas sociales y maneja aproximadamente el 14% de los pagos de Anses. Además, los cálculos difundidos por la diputada Victoria Tolosa Paz estiman que ingresarían mensualmente al ecosistema de la empresa unos $404.000 millones correspondientes a distintas prestaciones.
La diputada, junto a otros legisladores de Unión por la Patria, presentó un proyecto para impedir que prestaciones destinadas a la alimentación puedan ser afectadas mediante débitos automáticos u otros mecanismos similares. El objetivo declarado es evitar que los recursos destinados a garantizar la subsistencia de las familias más vulnerables terminen comprometidos por deudas financieras.
El debate se da además en medio de una fuerte discusión sobre el endeudamiento de las familias argentinas. El Destape viene señalando un incremento de la morosidad y cuestionando el discurso oficial que atribuye el fenómeno principalmente a decisiones individuales de los usuarios.
Desde el oficialismo, en cambio, se difundieron análisis que relativizan la existencia de una crisis generalizada de endeudamiento. El propio Javier Milei compartió recientemente un informe que sostiene que la magnitud de las deudas debe analizarse diferenciando entre cantidad de morosos y volumen total adeudado.
La controversia coloca nuevamente a Galperín en el centro de la discusión económica y política. Mercado Pago se convirtió en uno de los principales canales para cobrar prestaciones sociales, mientras su modelo financiero permite ofrecer créditos dentro de la misma plataforma en la que millones de personas reciben sus ingresos.
El punto más sensible es quién termina asumiendo el riesgo. La investigación sostiene que, al descontarse las cuotas directamente de las prestaciones, la empresa tendría una herramienta para asegurarse el cobro de los préstamos, incluso cuando el dinero recibido por el usuario tenga como destino la alimentación o el cuidado de sus hijos.
Así, detrás de una discusión aparentemente financiera aparece una pregunta política de fondo: ¿las prestaciones sociales deben funcionar como un mecanismo de protección para las familias vulnerables o pueden convertirse también en garantía de un negocio crediticio? La respuesta podría definir los límites que el Estado imponga a las billeteras virtuales en el manejo de fondos provenientes de la seguridad social.
