El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Gobierno y reclamó un enfoque centrado en la prevención, el acompañamiento profesional y la educación, antes que en la prescripción de medicamentos.
El proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 que impulsa el Gobierno nacional sumó una nueva voz crítica. Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), su dirigente Marcelo Peretta cuestionó el enfoque de la iniciativa y planteó que la salud mental necesita más prevención y acompañamiento profesional y menos utilización automática de medicamentos.
“Los medicamentos deben ser la última opción”, sostuvo Peretta, quien remarcó que la medicación debe indicarse cuando resulte realmente necesaria y siempre con seguimiento profesional. El planteo apunta directamente a evitar que los tratamientos farmacológicos se conviertan en la primera respuesta frente a problemáticas que requieren también intervención psicológica, social y comunitaria.
El dirigente farmacéutico sintetizó su posición con una consigna contundente: “Menos pastillas. Menos apuestas. Más prevención. Más educación”. En ese sentido, vinculó la discusión sobre salud mental con otra problemática que considera creciente: la ludopatía, particularmente entre jóvenes.
Peretta reclamó además atacar lo que definió como una nueva “epidemia”: la ludopatía asociada a las apuestas, que puede generar endeudamiento y derivar en problemas de salud mental. También cuestionó la publicidad de las plataformas de apuestas y sostuvo que contribuye a normalizar el juego, especialmente entre los sectores más jóvenes.
El debate se desarrolla mientras el oficialismo avanza en el Congreso con una modificación de la Ley 26.657. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inició una ronda de consultas con autoridades sanitarias nacionales y provinciales con el objetivo de reunir observaciones y avanzar hacia un texto que pueda conseguir consensos antes de continuar con su tratamiento parlamentario.
La iniciativa contempla cambios en distintos aspectos del sistema de salud mental. Entre ellos aparecen modificaciones vinculadas con los derechos y garantías de los pacientes, la prevención y promoción de la salud, el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y la inclusión comunitaria.
También se plantean modificaciones en la conformación de los equipos interdisciplinarios y se incorpora expresamente la posibilidad de utilizar teleconsultas como herramienta para ampliar el acceso a profesionales en distintas regiones del país. El régimen de internaciones constituye, a su vez, uno de los puntos centrales de la discusión legislativa.
Uno de los aspectos incorporados al proyecto está relacionado con las directivas anticipadas, que permitirían a las personas dejar expresada previamente su voluntad respecto de determinados tratamientos. Se trata de una modificación que busca reforzar la autonomía del paciente y establecer con mayor precisión sus derechos frente a futuras intervenciones médicas.
Sin embargo, desde el sector farmacéutico advierten que cualquier modificación de la legislación debe evitar reducir la problemática de la salud mental a una cuestión exclusivamente médica o farmacológica. Para el gremio, la prevención, la educación, el acceso a profesionales y el acompañamiento deben ocupar un lugar central en las políticas públicas.
La discusión recién comienza y promete generar nuevas tensiones entre el oficialismo, especialistas, organizaciones profesionales y sectores sindicales. En el fondo aparece una disputa sobre qué modelo de atención debe promover el Estado: uno que llegue antes del problema mediante prevención y acompañamiento, o uno que actúe principalmente cuando el padecimiento ya está instalado.
