El ingreso del petrolero VS Promise, de bandera británica, al puerto de Ushuaia generó un nuevo conflicto entre el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego. Diputados del peronismo federal reclamaron explicaciones sobre quién autorizó la operación y bajo qué normativa, mientras desde la Casa Rosada sostienen que no se violó ninguna ley. El episodio vuelve a poner en el centro de la discusión la cuestión Malvinas, la soberanía sobre el Atlántico Sur y la intervención nacional del puerto fueguino.
El amarre del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia abrió una nueva disputa política entre el Gobierno de Javier Milei y las autoridades de Tierra del Fuego. El episodio generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y motivó la presentación de un proyecto de resolución en el Congreso para conocer con precisión quién autorizó el ingreso de la embarcación, qué organismos participaron de la decisión y bajo qué criterios se permitió su permanencia en una terminal ubicada en una provincia cuya jurisdicción incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Los diputados Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos impulsan el pedido de explicaciones al Ejecutivo nacional.
La polémica no se limita a la presencia de un buque extranjero en Ushuaia, sino que se vincula directamente con la disputa de soberanía que Argentina mantiene con el Reino Unido. El petrolero llegó a Tierra del Fuego luego de cargar crudo en la zona de Puerto Cullen y posteriormente se dirigió a Ushuaia para abastecerse. Desde el Gobierno nacional defendieron la operación y afirmaron que el ingreso no constituye una violación de la normativa vigente. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la denominada Ley Gaucho Rivero no sería aplicable en este caso porque, según la explicación oficial, el buque no estaba realizando tareas de exploración o explotación en la cuenca de Malvinas.
La respuesta oficial generó una fuerte reacción de la administración del gobernador Gustavo Melella, que calificó como “inadmisible” la situación. Desde el Ejecutivo fueguino cuestionaron especialmente que el puerto se encuentre intervenido por organismos nacionales desde comienzos de año y que, en ese contexto, se haya producido el ingreso de una embarcación británica sin que la Provincia contara, según sus autoridades, con información suficiente sobre la operación. El gobierno fueguino planteó que resulta contradictorio que la intervención del puerto haya sido fundamentada desde Nación en razones vinculadas con la soberanía y que, posteriormente, se adopten decisiones que considera incompatibles con la sensibilidad que requiere una zona estratégica del territorio nacional.
Uno de los puntos centrales de la discusión es precisamente la interpretación de la Ley Gaucho Rivero, una normativa surgida en el marco del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. La legislación establece restricciones para el amarre, permanencia, abastecimiento y operaciones logísticas de determinados buques de bandera británica, especialmente cuando se encuentran vinculados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en áreas relacionadas con la disputa del Atlántico Sur. La discusión jurídica que ahora aparece en escena consiste en determinar si las características de la operación realizada por el VS Promise encuadran o no dentro de las prohibiciones previstas por la normativa.
El conflicto también expuso las consecuencias de la intervención del puerto de Ushuaia. Trabajadores de la terminal cuestionaron que las autoridades provinciales hayan perdido capacidad de decisión y denunciaron falta de información sobre las operaciones que se realizan dentro de la estación portuaria. Franco Castillo, director Administrativo Contable del organismo, sostuvo que los trabajadores se encontraron con la presencia del petrolero y comenzaron a realizar averiguaciones por su propia cuenta. Según su testimonio, el buque permaneció algunas horas para abastecerse de agua y víveres. Los trabajadores también manifestaron preocupación por la situación laboral de los empleados afectados por la intervención y por el impacto que una reducción de la actividad portuaria podría tener sobre los ingresos del sector.
La dimensión política del episodio creció además con la intervención de legisladores nacionales y dirigentes vinculados históricamente con la cuestión Malvinas. El diputado Jorge Taiana cuestionó públicamente la presencia del buque británico y vinculó el episodio con una política que, según su interpretación, estaría debilitando el reclamo argentino de soberanía. Para el legislador, la presencia de embarcaciones británicas en espacios estratégicos del Atlántico Sur debe analizarse en conjunto con otras decisiones de política exterior y defensa, y no únicamente como una operación comercial o logística. De esta manera, el caso del VS Promise volvió a instalar la discusión sobre cuál debe ser la estrategia argentina frente al Reino Unido y frente a la explotación de recursos naturales en las áreas cuya soberanía reclama nuestro país.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la operación no implicó una violación de la legislación, desde Tierra del Fuego anticiparon que buscarán que los operadores hidrocarburíferos eviten contratar empresas británicas en futuras operaciones. La Provincia también cuestiona el papel de las empresas involucradas y plantea que el episodio no puede ser separado del debate sobre la soberanía territorial y marítima. En paralelo, los diputados que impulsaron el pedido de informes pretenden que el Ejecutivo detalle la cadena de autorizaciones y las responsabilidades de cada organismo que intervino en el ingreso y amarre del buque. La respuesta oficial será clave para determinar si el conflicto queda reducido a una disputa política o si puede derivar en nuevas acciones legislativas y administrativas.
El caso vuelve a colocar a Ushuaia en el centro de una discusión que excede ampliamente las fronteras de Tierra del Fuego. La ubicación estratégica del puerto, su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida y la pertenencia de las Islas Malvinas a la jurisdicción provincial convierten cada operación vinculada con embarcaciones británicas en un asunto de fuerte sensibilidad política. Mientras Nación defiende la legalidad del procedimiento y asegura que no existe una afectación de la soberanía, Tierra del Fuego y distintos sectores de la oposición reclaman explicaciones y cuestionan la decisión. Ahora será el Congreso el que deberá avanzar en el pedido de información para establecer qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si el ingreso del VS Promise se ajustó efectivamente a las normas que regulan la presencia de buques británicos en los puertos argentinos.
Fuente: Primereando las noticias
