El abogado Javier Ignacio Baños, nuevo defensor de Cristian “Pity” Álvarez, sostuvo que el músico no se encuentra en condiciones psíquicas ni cognitivas de afrontar un juicio oral y público. El letrado pidió suspender el proceso y reclamó nuevos estudios médicos para determinar el estado actual del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido en 2018.
La defensa de Cristian “Pity” Álvarez volvió a poner en discusión la capacidad del músico para afrontar un proceso judicial. Javier Ignacio Baños, quien asumió recientemente la representación legal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados junto con el abogado Sebastián Queijeiro, afirmó que su defendido actualmente no cuenta con las condiciones psíquicas y cognitivas necesarias para participar de un juicio oral y público. Por ese motivo, solicitó que el debate sea suspendido hasta que pueda establecerse mediante nuevos estudios cuál es su situación médica.
Álvarez está acusado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. La causa judicial contra el músico atravesó distintas etapas y en 2023 el proceso había sido cancelado a partir de evaluaciones médicas que determinaron que no se encontraba en condiciones mentales de ser juzgado. Ahora, su nueva defensa sostiene que esa situación persiste y que debe ser evaluada nuevamente antes de avanzar con cualquier audiencia.
Baños fue contundente al describir el estado que atribuye actualmente al músico. Según explicó, Álvarez “no comprende la criminalidad de sus actos” y, por esa razón, consideró que no está en condiciones de participar de un debate judicial de estas características. El abogado sostuvo que no se trata simplemente de una dificultad para afrontar emocionalmente el juicio, sino de un cuadro que comprometería su capacidad psíquica y cognitiva para comprender el proceso y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Como antecedente central, la defensa mencionó un dictamen elaborado por el Cuerpo Médico Forense. De acuerdo con lo señalado por Baños, aquella evaluación había detectado un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo. El abogado calificó el deterioro cognitivo señalado en aquel momento como “extremadamente grave” y prácticamente irreversible, aunque reclamó que la situación sea actualizada mediante nuevas evaluaciones médicas.
Entre las medidas solicitadas por la defensa se encuentra la realización urgente de una resonancia nuclear magnética del cerebro sin contraste. Baños también reclamó un estudio cognitivo que, según indicó, actualmente no forma parte del expediente judicial. El objetivo de estos estudios sería obtener elementos médicos actualizados que permitan determinar si las condiciones que llevaron anteriormente a suspender el proceso continúan presentes o si hubo algún tipo de modificación en el estado de salud del acusado.
La defensa también pidió que intervengan especialistas para evaluar al músico. En particular, reclamó la participación de un neurólogo y un psiquiatra que puedan analizar de manera integral su situación. La estrategia apunta a que la Justicia cuente con nuevos elementos antes de resolver si corresponde avanzar con el juicio oral. Para Baños, no debería realizarse el debate mientras existan dudas sobre la capacidad de Álvarez para comprender la acusación y participar activamente de su propia defensa.
El planteo vuelve a colocar en el centro de la causa una cuestión fundamental del proceso penal: la capacidad de una persona acusada para comprender los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho de defensa. La discusión no implica, por sí misma, una definición sobre la responsabilidad penal de Álvarez respecto del homicidio por el que está acusado. Lo que busca determinar la defensa es si el músico se encuentra actualmente en condiciones de atravesar un juicio y participar de las distintas instancias del proceso.
Mientras tanto, el expediente deberá avanzar con las evaluaciones y decisiones judiciales correspondientes. La nueva defensa pretende que se suspenda el juicio hasta contar con un diagnóstico actualizado, mientras que el caso continúa pendiente de una definición respecto de la capacidad del acusado para afrontar el debate. La situación médica de Álvarez vuelve así a convertirse en uno de los principales puntos de discusión de una causa que comenzó en 2018 y que, ocho años después, todavía no llegó a una resolución definitiva.
Con ayuda de La Nueva Mañana
