Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizarán un paro nacional de 48 horas el jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el envío de los fondos previstos para las universidades públicas y una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.
Los docentes de las universidades nacionales volverán a paralizar sus actividades durante 48 horas en todo el país, en una nueva jornada de protesta contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La medida fue convocada por CONADU y ratificada por distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, para los días 27 y 28 de agosto. El conflicto combina dos reclamos centrales: la falta de financiamiento de las casas de altos estudios y el deterioro de los salarios de quienes trabajan en el sistema universitario público.
El paro se produce en medio de una extensa disputa política y judicial entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso y ratificada luego del veto presidencial, pero las organizaciones universitarias denuncian que el Gobierno continúa sin girar la totalidad de los recursos contemplados. La falta de transferencias, según los gremios, afecta tanto al funcionamiento cotidiano de las instituciones como a las partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.
La situación adquirió además una dimensión judicial. El reclamo universitario sostiene que existen resoluciones que ordenan al Gobierno avanzar con el cumplimiento de las disposiciones vinculadas al financiamiento y a la recomposición de ingresos. El Consejo Interuniversitario Nacional también cuestionó el incumplimiento de una medida cautelar que había sido validada por la Corte Suprema y reclamó que se avance hacia una resolución definitiva. Desde las universidades sostienen que el conflicto dejó de ser solamente presupuestario y pasó a involucrar el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso.
En materia salarial, el reclamo de los docentes apunta a la pérdida sostenida del poder adquisitivo. Las organizaciones gremiales estiman que los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana a un tercio de su capacidad de compra desde diciembre de 2023 y sostienen que sería necesario un incremento superior al 50% sobre los salarios actuales para recuperar el nivel de ingresos de aquel momento. El deterioro afecta especialmente a quienes tienen dedicaciones simples y semiexclusivas, aunque también alcanza a trabajadores con dedicación exclusiva.
Los sindicatos también cuestionan la modalidad con la que se produjeron las últimas actualizaciones salariales. Según denunciaron, los aumentos fueron establecidos de manera unilateral y sin una reapertura formal de la negociación paritaria, mientras que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada. Para los gremios, esta situación profundiza el deterioro de las condiciones laborales y genera un escenario cada vez más difícil para quienes desarrollan tareas docentes, de investigación y formación dentro de las universidades nacionales.
Otro de los efectos que genera preocupación dentro del sistema universitario es la salida de profesionales altamente calificados. Autoridades y representantes del sector advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia instituciones privadas, empresas o universidades del exterior, donde encuentran mejores condiciones salariales. La pérdida de recursos humanos especializados representa, según las entidades universitarias, un problema que excede la discusión salarial porque también puede afectar la calidad de la enseñanza, la investigación científica y la producción tecnológica nacional.
El conflicto también alcanza a otros componentes fundamentales de la universidad pública. Las transferencias reclamadas no están vinculadas exclusivamente con los salarios docentes, sino también con gastos de funcionamiento y programas de becas para estudiantes. Desde el sector universitario advierten que la demora en el envío de recursos compromete el normal funcionamiento de las instituciones y dificulta sostener políticas destinadas a garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las carreras universitarias.
El paro del 27 y 28 de agosto aparece así como un nuevo capítulo de un conflicto que lleva más de un año y que enfrenta a las universidades públicas con el Gobierno nacional por el financiamiento y los salarios. Los gremios advierten que, si no reciben respuestas concretas, podrían profundizar el plan de lucha durante las próximas semanas. De esta manera, la comunidad universitaria vuelve a colocar en el centro de la agenda nacional el reclamo por el financiamiento establecido por ley, la recuperación salarial y la defensa de la universidad pública.
Con ayuda de La Nueva Mañana
