El Gobierno nacional formalizó una profunda reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica que reduce de 645 a 272 las unidades de su organigrama. La medida llega semanas después de la desvinculación de 61 trabajadores y desató nuevas críticas de sindicatos y sectores científicos, que advierten sobre el posible impacto en proyectos estratégicos como el reactor CAREM.
El Gobierno nacional avanzó con una fuerte reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y redujo en un 57,83% la cantidad máxima de unidades que integran la estructura organizativa del organismo. La decisión fue oficializada a través del Decreto 655/2026 y forma parte del proceso de reorganización impulsado por la administración de Javier Milei en distintas áreas del Estado. Según la nueva normativa, la CNEA pasará de una estructura compuesta por 645 unidades organizativas a un máximo de 272, bajo el argumento oficial de reducir lo que el Gobierno define como un “sobredimensionamiento” de su estructura funcional.
La reestructuración se conoció semanas después de un conflicto por la no renovación de 61 contratos a plazo fijo. La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) informó que las notificaciones comenzaron a llegar el 30 de junio y que los trabajadores afectados perdieron el acceso a sus puestos desde el 1 de julio. Desde el Gobierno y la conducción del organismo, en cambio, sostuvieron que no se produjeron despidos de científicos y caracterizaron las bajas como la finalización de contratos de personal administrativo incorporado durante 2023.
La diferencia entre las versiones expuso la profundidad del conflicto dentro de la institución. Mientras las organizaciones sindicales denunciaron que entre los afectados había profesionales, técnicos y personal especializado vinculado a áreas estratégicas, las autoridades defendieron la medida y aseguraron que las desvinculaciones no alcanzaron a ingenieros nucleares ni al personal técnico especializado que sostiene las operaciones centrales de la CNEA. La disputa se trasladó a las calles con protestas y medidas gremiales frente a la sede central del organismo.
El nuevo organigrama modifica de manera significativa la estructura interna de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Las gerencias de área pasan de once a siete y se establecen nuevos límites para los niveles inferiores de conducción y organización. De acuerdo con la información difundida sobre el decreto, las gerencias de segundo nivel operativo tendrán un máximo de 32 unidades, las subgerencias hasta 48, los departamentos hasta 168 y las divisiones sufrirán una de las reducciones más pronunciadas, al pasar de 283 a un máximo de siete. El decreto fijó además un plazo de 60 días para avanzar con la implementación de los cambios.
Desde el sector científico y sindical, la medida fue interpretada como parte de un proceso de ajuste más amplio sobre el sistema nuclear argentino. Trabajadores de la CNEA cuestionaron la falta de información detallada sobre cómo se reorganizarán las áreas y advirtieron que la incertidumbre afecta tanto la estabilidad laboral como la continuidad de proyectos científicos y tecnológicos. Entre las principales preocupaciones aparece el futuro del reactor CAREM, uno de los desarrollos tecnológicos más relevantes del sector nuclear nacional.
El proyecto CAREM, diseñado como un reactor nuclear modular de baja potencia desarrollado en Argentina, quedó en el centro de las críticas luego de que la nueva estructura no detallara su lugar dentro del esquema de reorganización. Según la información difundida por InfoGremiales, la obra había alcanzado cerca del 65% de avance a fines de 2024, después de una inversión estimada en 690 millones de dólares, pero posteriormente quedó paralizada. Para trabajadores y sectores vinculados al sistema científico, la falta de definiciones sobre su continuidad representa una señal de alerta sobre el futuro del desarrollo nuclear argentino.
La CNEA es uno de los organismos centrales de la política nuclear argentina y desarrolla actividades vinculadas con la investigación, la producción de radioisótopos, aplicaciones nucleares para la salud, desarrollo tecnológico y proyectos energéticos. Por eso, el debate sobre la reducción de su estructura excede la discusión administrativa y abrió una controversia sobre el rol que el Estado debe mantener en un sector considerado estratégico para el desarrollo científico, tecnológico y energético del país.
El Gobierno sostiene que la reorganización busca simplificar la estructura y mejorar la gestión del organismo. Sin embargo, sindicatos, trabajadores y sectores científicos advierten que una reducción de esta magnitud puede afectar capacidades acumuladas durante décadas. El conflicto también se produce en un contexto de ajuste sobre el empleo público y de creciente tensión entre la administración nacional y distintos organismos científicos, tecnológicos y universitarios. Las diferencias entre la versión oficial y las denuncias sindicales mantienen abierto el debate sobre el verdadero alcance de la reestructuración.
Mientras se inicia el proceso para implementar el nuevo organigrama, la discusión se concentra ahora en qué áreas serán modificadas, cómo impactará la reorganización sobre los trabajadores y cuál será el destino de los proyectos considerados estratégicos. La reducción de casi el 58% de las unidades organizativas representa una de las transformaciones más profundas en la estructura de la CNEA en los últimos años y vuelve a poner bajo debate el futuro de la ciencia, la tecnología y el desarrollo nuclear argentino.
