Javier Milei confirmó que el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger no será enviado al Congreso. La iniciativa buscaba modificar la Ley 25.542, que establece un precio uniforme para los libros, y había generado un fuerte rechazo entre libreros, editores y otros sectores de la industria cultural.
El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con uno de los proyectos que formaban parte de su agenda de desregulación y frenó la derogación de la Ley del Libro. El propio presidente Javier Milei confirmó que la iniciativa finalmente no será enviada al Congreso, luego de que la propuesta generara un amplio rechazo entre distintos sectores vinculados a la producción, distribución y comercialización de libros. La medida representa un revés para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, principal impulsor del paquete de reformas que buscaba modificar distintas regulaciones vigentes.
La norma cuestionada es la Ley 25.542, vigente desde 2001, que establece un sistema de precio uniforme para los libros. El objetivo de este esquema es evitar que determinados actores con mayor poder económico puedan aplicar descuentos indiscriminados y terminar concentrando el mercado. La discusión volvió a instalarse a partir del proyecto oficial que pretendía avanzar sobre esa regulación en nombre de una mayor libertad comercial y de la eliminación de lo que el Gobierno considera trabas para el funcionamiento del mercado.
Desde el sector editorial y librero la reacción fue contundente. Quienes trabajan en la actividad advirtieron que la eliminación del precio uniforme podía beneficiar especialmente a las grandes cadenas comerciales y plataformas digitales, capaces de absorber durante un período determinado márgenes más reducidos para imponer fuertes descuentos y ganar participación de mercado. En ese escenario, las librerías independientes quedarían en una situación de mayor vulnerabilidad frente a empresas con una capacidad económica muy superior.
El debate, sin embargo, excede una discusión sobre precios. Autores, editores, libreros y otros actores de la industria cultural plantearon que el libro no puede ser analizado únicamente como una mercancía más dentro de una lógica de mercado. La existencia de una amplia variedad de editoriales, autores y géneros depende también de un ecosistema donde puedan sobrevivir pequeños emprendimientos, librerías de barrio y proyectos editoriales que difícilmente podrían competir en igualdad de condiciones con las grandes plataformas comerciales.
La reacción del sector volvió a poner en discusión una pregunta de fondo: ¿qué significa desregular cuando el mercado ya presenta actores con capacidades económicas profundamente diferentes? Para quienes defendieron la continuidad de la Ley del Libro, quitar una regulación no necesariamente implica generar más competencia. Por el contrario, sostienen que una desregulación sin mecanismos que contemplen las desigualdades existentes puede terminar fortaleciendo a quienes ya poseen mayor capacidad de negociación, distribución y llegada al consumidor. Esa fue una de las principales advertencias que acompañó el rechazo a la iniciativa.
Finalmente, el presidente decidió retirar la propuesta de la agenda legislativa. Por ahora, entonces, la Ley 25.542 continuará vigente y el proyecto de derogación no llegará al Congreso. El Gobierno concentrará su actividad parlamentaria en otras iniciativas que considera prioritarias, entre ellas modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto denominado Inocencia Fiscal II y una reforma política que incluye cambios vinculados a las PASO.
La marcha atrás también deja una lectura política sobre el alcance de la estrategia de desregulación del Gobierno. El oficialismo había presentado estas reformas como parte de una transformación profunda del funcionamiento del Estado y de la economía argentina. Sin embargo, la controversia alrededor de la Ley del Libro demuestra que algunas regulaciones cuentan con una fuerte legitimidad entre sectores productivos y culturales que consideran que su eliminación podría generar consecuencias que exceden ampliamente el objetivo de reducir normas.
Por ahora, el libro seguirá teniendo un régimen de precio uniforme y las librerías independientes conservarán una protección frente a determinadas estrategias comerciales de grandes cadenas y plataformas. La decisión presidencial representa una victoria para quienes se movilizaron contra la derogación, pero también deja abierto un debate que difícilmente desaparezca: cuánto mercado puede soportar una industria cultural antes de que la concentración termine afectando la diversidad. Porque detrás de cada libro no hay solamente un precio, sino autores, editoriales, trabajadores, libreros y lectores que forman parte de una cadena cultural mucho más amplia.
Con ayuda de La Nueva Mañana
