La crisis salarial que atraviesa a las Fuerzas Armadas volvió a quedar expuesta tras conocerse que uno de cada cuatro militares tendría dificultades para afrontar el pago de sus deudas. El dato se suma al deterioro del poder adquisitivo denunciado por integrantes del sector y reabre el debate sobre los ingresos del personal militar en el actual contexto económico.
El informe citado por InfoGremiales, elaborado a partir de datos del Banco Central y fuentes vinculadas al sector, señala que el 25% de los militares, policías, gendarmes y prefectos registra situaciones de morosidad. La cifra representa un fuerte crecimiento respecto de agosto de 2024, cuando el porcentaje informado era del 8%, y el problema afectaría especialmente al personal menor de 35 años.
Las deudas incluyen créditos bancarios, préstamos otorgados por el Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas y compromisos asumidos a través de billeteras virtuales. Dentro de las Fuerzas Armadas, el Ejército aparece como el sector con mayor nivel de morosidad, con un 29,3%, según los datos difundidos.
El deterioro económico fue vinculado por fuentes militares con los bajos salarios, la evolución de las remuneraciones del sector público y el creciente peso de los servicios y otros gastos sobre los ingresos mensuales. También existen cuestionamientos sobre algunos créditos hipotecarios del Instituto de Ayuda Financiera, cuyos descuentos, según la información publicada, pueden absorber una parte significativa del salario.
La situación salarial quedó expuesta durante una reciente demostración de los aviones F-16 en Córdoba. De acuerdo con los testimonios recogidos por InfoGremiales, un piloto argentino de estas aeronaves percibiría entre $1,3 millón y $1,5 millón, mientras que un cabo segundo tendría ingresos inferiores a los $900.000. El cuadro se complejiza además por gastos vinculados a la atención de la salud y los problemas que atraviesa el sistema de cobertura médica del sector.
Ante este escenario, el Ministerio de Defensa habilitó en junio de 2026 que soldados, suboficiales y oficiales puedan desarrollar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio. La medida permitió formalmente la realización de determinados trabajos privados compatibles con la función militar, con el objetivo de que el personal pueda reforzar sus ingresos.
Entre las actividades que quedaron habilitadas se encuentran tareas vinculadas con plataformas de transporte y reparto, además de servicios de seguridad privada y otras ocupaciones permitidas por la normativa. La decisión generó repercusión porque implica reconocer, en los hechos, que parte del personal necesita complementar su salario con una segunda fuente de ingresos.
El problema del endeudamiento no aparece aislado de la situación general que atraviesa el personal estatal. Para los sectores que cuestionan la política salarial del Gobierno, el crecimiento de la morosidad entre integrantes de las fuerzas constituye una señal concreta del deterioro del poder adquisitivo y de las dificultades económicas que enfrentan miles de familias vinculadas a la actividad militar y de seguridad.
Con uno de cada cuatro integrantes de estos sectores alcanzado por situaciones de mora, el debate sobre los salarios vuelve a instalarse en la agenda nacional. Mientras el Gobierno habilita la posibilidad de contar con un segundo empleo para complementar los ingresos, crecen los cuestionamientos sobre si las remuneraciones actuales resultan suficientes para cubrir el costo de vida y afrontar los compromisos financieros. El dato de la morosidad expone así una crisis que ya no se limita a la discusión salarial, sino que impacta directamente en la economía cotidiana del personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
