El gobierno de Salta avanza con una estrategia que combina la búsqueda de acuerdos con la administración de Javier Milei y una fuerte participación provincial en el financiamiento de obras que, en principio, corresponden a la Nación. La decisión de destinar recursos propios a rutas nacionales vuelve a poner en debate el impacto del ajuste sobre la obra pública y el costo político que puede tener para el gobernador Gustavo Sáenz su política de diálogo con la Casa Rosada.
El deterioro de la infraestructura vial se convirtió en uno de los principales frentes de conflicto entre la provincia y la Nación. De acuerdo con la información publicada por Página/12, Salta recibió apenas el 4,64 por ciento de los fondos nacionales destinados a infraestructura vial durante 2026, una cifra que alimenta las críticas frente al estado de las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.
Ante la falta de recursos federales, la administración de Gustavo Sáenz comenzó a destinar fondos provinciales para atender obras y tareas vinculadas a corredores que se encuentran bajo jurisdicción nacional. La situación plantea una fuerte discusión sobre el federalismo y la distribución de responsabilidades, ya que la provincia debe utilizar recursos propios para intervenir en caminos cuya conservación y mantenimiento corresponden formalmente al Estado nacional.
Uno de los elementos que genera mayor preocupación es el futuro de casi 600 kilómetros de rutas, cuyo manejo pasaría al sector privado. El deterioro de la red vial afecta directamente a la seguridad de quienes circulan por esos corredores, pero también tiene consecuencias sobre el transporte de la producción, las economías regionales y la conexión de Salta con otras provincias y países de la región.
El propio gobernador Sáenz elevó el tono de sus reclamos en los últimos días y anticipó que Salta avanzará con una acción judicial para reclamar por los fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. El mandatario cuestionó el deterioro de la infraestructura y sostuvo que las vías dejaron de ser simples rutas con baches para convertirse, según su definición, en verdaderos “cráteres” que ponen en riesgo la vida de quienes las transitan.
El reclamo vial expone también las tensiones políticas de la estrategia que Sáenz mantuvo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El gobernador salteño optó por sostener canales de diálogo y acompañar algunas iniciativas de la Casa Rosada, bajo la premisa de que la relación institucional debía traducirse en respuestas para las necesidades de la provincia. Sin embargo, la falta de financiamiento para infraestructura comenzó a generar cuestionamientos sobre los resultados concretos de esa política.
La discusión adquiere además un fuerte componente político interno. Mientras Sáenz intenta mantener el diálogo con el Gobierno nacional, distintos sectores cuestionan el costo que esa posición puede tener frente a una ciudadanía que observa el deterioro de las rutas y la necesidad de utilizar dinero provincial para cubrir obligaciones que corresponden a la Nación. La tensión se profundiza porque el gobernador debe equilibrar la búsqueda de acuerdos con la defensa de los intereses específicos de Salta.
El mandatario salteño viene insistiendo en que el diálogo con la Casa Rosada no implica acompañar todas sus decisiones. Su posición busca sostener una relación institucional con el gobierno de Milei, pero al mismo tiempo marcar límites cuando las medidas nacionales afectan al norte argentino. En materia de infraestructura, esa contradicción se volvió especialmente visible: mientras la provincia reclama recursos, continúa asumiendo parte del costo económico para evitar que obras y corredores estratégicos queden completamente paralizados.
La crisis de las rutas nacionales se transformó así en una síntesis del complejo vínculo entre Salta y el Gobierno nacional. Por un lado, la provincia necesita mantener abiertas las vías de negociación para obtener recursos y respuestas; por otro, la persistencia del abandono de la infraestructura obliga a Sáenz a endurecer su discurso e incluso recurrir a la Justicia. El desafío político será determinar hasta dónde puede sostenerse una estrategia de diálogo cuando los costos de financiar con fondos provinciales obras nacionales comienzan a sentirse tanto en las cuentas públicas como en el escenario político.
