El Gobierno nacional tuvo que introducir cambios en el proyecto de ley de “inocencia fiscal” luego de la polémica generada por disposiciones que podían alcanzar a funcionarios públicos. La controversia se produjo en torno al caso de Manuel Adorni y abrió un nuevo frente de cuestionamientos para la administración de Javier Milei, que finalmente resolvió excluir expresamente a integrantes del Estado de los beneficios previstos en la iniciativa.
La Libertad Avanza consiguió dictamen para avanzar con el proyecto conocido como “Inocencia Fiscal II”, pero para obtener el respaldo necesario en la Cámara de Diputados tuvo que aceptar una modificación que excluye a los funcionarios públicos de los beneficios centrales del régimen. La iniciativa apunta a ampliar un sistema simplificado para regularizar la situación fiscal, aunque el debate quedó atravesado por las críticas surgidas a partir de la adhesión de Manuel Adorni a la versión anterior de la normativa.
El proyecto original no contemplaba una exclusión tan amplia para quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, los bloques aliados condicionaron su acompañamiento a la incorporación de una cláusula que impidiera que funcionarios de los distintos poderes del Estado accedieran a las presunciones y efectos liberatorios previstos por el régimen. Esa modificación fue finalmente aceptada por el oficialismo para destrabar el dictamen.
El antecedente que sobrevoló toda la discusión fue el caso de Adorni. La polémica se instaló meses atrás cuando se conoció que el entonces funcionario se había incorporado al régimen de la primera versión de la denominada “inocencia fiscal”, lo que generó cuestionamientos políticos y pedidos para impedir que quienes ejercen funciones públicas puedan beneficiarse de mecanismos de este tipo.
En ese contexto, la oposición dialoguista y sectores aliados del Gobierno consideraron necesario establecer un límite explícito. La exclusión busca evitar que el nuevo régimen vuelva a alcanzar a funcionarios públicos y a otras personas con responsabilidades estatales, en medio de las críticas por la posibilidad de que una herramienta impulsada por el propio Gobierno pudiera ser utilizada por integrantes de su administración.
La modificación aprobada no significa que los funcionarios queden completamente al margen de cualquier mecanismo simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias. Según la información difundida durante el debate legislativo, podrán utilizar determinadas herramientas para regularizar su situación fiscal, pero quedarán excluidos de las presunciones de inocencia fiscal y de los efectos liberatorios que constituyen uno de los principales beneficios del proyecto.
El episodio representó una nueva negociación para el Gobierno de Javier Milei dentro del Congreso. Para conseguir el dictamen favorable, La Libertad Avanza debió ceder ante las exigencias de los sectores aliados, que reclamaban una modificación concreta antes de acompañar la iniciativa. La presión política terminó obligando al oficialismo a reformular un punto que inicialmente no estaba previsto en esos términos.
Con el dictamen ya obtenido, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la información publicada por distintos medios, el oficialismo apunta a llevar la iniciativa a una sesión prevista para el 26 de agosto, aunque el tratamiento definitivo dependerá de la construcción de los acuerdos parlamentarios necesarios para reunir los votos.
De esta manera, el llamado caso Adorni terminó teniendo consecuencias directas sobre la nueva versión de la ley. Lo que inicialmente aparecía como un proyecto destinado a ampliar beneficios y simplificar determinados mecanismos fiscales terminó incorporando una exclusión específica para funcionarios públicos. La discusión ahora se trasladará al recinto, donde el oficialismo deberá defender una iniciativa modificada por la presión de sus propios aliados y en un escenario político donde el uso de estos beneficios por parte de integrantes del Estado quedó en el centro de la polémica.
