El Gobierno nacional busca avanzar con la continuidad de dos magistrados que superaron los 75 años. Se trata de María Dora González, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y Carlos Villafuerte Ruzo, juez federal de San Nicolás. La discusión reabre el debate sobre los límites de edad, la independencia judicial y los antecedentes de quienes podrían continuar en funciones.
La iniciativa de la Casa Rosada apunta a que María Dora González y Carlos Villafuerte Ruzo puedan continuar en sus cargos pese a haber superado la edad de 75 años, un límite que, de acuerdo con el régimen constitucional y la jurisprudencia, requiere un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para extender la permanencia en la magistratura. La decisión política de impulsar esa continuidad vuelve a colocar bajo la lupa tanto el perfil de los jueces como los antecedentes de sus principales resoluciones.
En el caso de María Dora González, el foco está puesto en su actuación dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La magistrada integró junto a Víctor Pesino una decisión que dejó vigente la reforma laboral mientras se resolvía la cuestión de fondo, al otorgar efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado contra una cautelar que había frenado más de 80 artículos de la normativa. Aquella resolución generó fuertes cuestionamientos desde sectores sindicales y volvió a ubicar a la Justicia laboral en el centro de la disputa entre el Gobierno y las organizaciones de trabajadores.
La continuidad de González es leída, en ese contexto, como una cuestión que excede su situación individual. La Cámara del Trabajo ha sido uno de los escenarios institucionales donde se discutieron varias de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, especialmente aquellas vinculadas a las relaciones laborales. Por eso, cada modificación en la integración de las salas o cada definición sobre la permanencia de los magistrados puede tener consecuencias directas en futuros expedientes vinculados con derechos laborales, sindicatos y medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
El otro nombre que concentra la atención es el de Carlos Villafuerte Ruzo, juez federal de San Nicolás. Su trayectoria estuvo atravesada por cuestionamientos relacionados con la investigación de delitos cometidos durante la última dictadura militar. En 2013, Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó públicamente su actuación luego de que dispusiera el sobreseimiento de funcionarios acusados de haber intervenido en la sustitución de identidad de Manuel Gonçalves Granada, y denunció demoras en la investigación de ese expediente.
Las críticas hacia Villafuerte Ruzo también llegaron desde el Ministerio Público Fiscal. Ese mismo año, Fiscales.gob.ar informó que la entonces Procuradora General había solicitado apartarlo de causas por violaciones a los derechos humanos, al cuestionar demoras en los expedientes y considerar que había asumido una posición contraria a la persecución penal de esos delitos. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó tratar el planteo mediante el artículo 280 y el magistrado continuó interviniendo en esas investigaciones.
La búsqueda del Gobierno para retener a estos magistrados genera, de este modo, una discusión política e institucional de mayor alcance. Para sus críticos, no se trata solamente de resolver la continuidad administrativa de jueces que alcanzaron una determinada edad, sino de definir qué perfiles judiciales conservarán influencia sobre expedientes sensibles. Las causas laborales y los procesos vinculados con crímenes de lesa humanidad aparecen como dos áreas especialmente relevantes dentro de ese debate.
El tema también vuelve a poner en primer plano el mecanismo previsto para la permanencia de los jueces después de los 75 años. La Constitución Nacional establece un procedimiento específico para quienes pretenden continuar en funciones una vez alcanzada esa edad, lo que implica una nueva designación por un período determinado. Cualquier intento de garantizar esas continuidades, por lo tanto, puede derivar en una discusión parlamentaria y judicial sobre los requisitos institucionales que deben cumplirse.
Mientras el Gobierno busca avanzar con el aval para que González y Villafuerte Ruzo continúen en sus cargos, la discusión promete sumar nuevos capítulos. Sus antecedentes, sus decisiones y el impacto que pueden tener sobre causas laborales y expedientes de derechos humanos explican por qué la situación trasciende la cuestión etaria. La definición sobre su continuidad será observada de cerca por el mundo sindical, los organismos de derechos humanos, el Congreso y los distintos sectores políticos que siguen de cerca la relación entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial.
Fuente: Página12
