Horas después de que el Gobierno nacional suspendiera la aplicación del decreto que buscaba desregular la actividad de practicaje y pilotaje tras un fuerte conflicto gremial, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci Correa, reafirmó el respaldo de la administración bonaerense a los trabajadores del sector y aseguró que la Provincia defenderá “el trabajo y la soberanía sobre los puertos y los ríos”. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de alta tensión entre el Gobierno nacional y los gremios marítimos.
La controversia comenzó con la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que proponía modificar el régimen de practicaje y pilotaje para flexibilizar la actividad, incorporar mayor competencia y reducir costos logísticos. Sin embargo, la medida generó un inmediato rechazo por parte de los trabajadores, quienes advirtieron sobre riesgos para la seguridad de la navegación y la pérdida de puestos de trabajo.
Como respuesta al decreto, los prácticos iniciaron una medida de fuerza que paralizó durante varios días la actividad en los principales puertos del país. Más de un centenar de buques permanecieron varados y se vieron afectadas exportaciones e importaciones por millones de toneladas de mercaderías, lo que llevó al Gobierno nacional a abrir una instancia de diálogo y suspender transitoriamente la aplicación de la norma.
En ese escenario, Correa sostuvo que la provincia de Buenos Aires acompañará a los trabajadores del sector y remarcó que los puertos y la hidrovía representan activos estratégicos para el desarrollo económico argentino. Según expresó, cualquier reforma debe contemplar no solo la competitividad del comercio exterior, sino también la preservación del empleo, la seguridad de la navegación y la defensa de la soberanía nacional sobre las vías navegables.
El funcionario provincial también cuestionó que las modificaciones hayan sido impulsadas sin un proceso amplio de consulta con los actores involucrados. En ese sentido, sostuvo que decisiones de semejante impacto requieren consenso con las provincias, los trabajadores y los sectores productivos, ya que afectan directamente el funcionamiento de los puertos y la logística nacional.
Desde los gremios marítimos valoraron la suspensión del decreto como un primer paso, aunque advirtieron que permanecerán en estado de alerta hasta conocer el contenido de una eventual nueva propuesta. Las organizaciones sindicales sostienen que el practicaje constituye una actividad esencial para garantizar maniobras seguras en ríos, canales y puertos, y rechazan cualquier reforma que implique una reducción de los estándares técnicos vigentes.
El conflicto también abrió un debate más amplio sobre el modelo de administración de la hidrovía y de los puertos argentinos. Mientras el Gobierno nacional plantea una mayor apertura y desregulación para reducir costos logísticos, distintos sectores sindicales y autoridades provinciales insisten en que esas políticas deben compatibilizarse con la protección del empleo, la seguridad operacional y la defensa de los intereses estratégicos del país.
Con la suspensión del decreto y el inicio de una mesa de diálogo, el conflicto ingresó en una nueva etapa. Tanto el Gobierno nacional como los representantes gremiales y las provincias buscarán alcanzar un acuerdo que permita garantizar el normal funcionamiento de los puertos sin resignar condiciones de seguridad, derechos laborales ni la administración soberana de las principales vías navegables argentinas.
Fuente: InfoGremiales
