La Justicia federal ordenó la detención de dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en el marco de la investigación por el fentanilo adulterado que provocó decenas de muertes en la Argentina. La causa apunta a determinar si existieron graves omisiones en los controles estatales que permitieron la circulación del medicamento contaminado.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata. Las detenidas son Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, quienes quedaron a disposición de la Justicia para ser indagadas por su presunta responsabilidad en el caso que investiga la distribución de ampollas de fentanilo contaminadas.
La detención de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, mientras que Mantecón Fumadó se presentó de manera voluntaria junto a su abogado en una dependencia policial. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad, en cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas durante la investigación.
Según la hipótesis de la Fiscalía Federal N.º 1 de La Plata y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), ambas exfuncionarias tenían bajo su órbita el control de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., señalados como responsables de producir y distribuir el fentanilo contaminado. Los fiscales sostienen que existía un prolongado historial de incumplimientos e irregularidades que no derivó en medidas preventivas eficaces.
Los investigadores consideran que los organismos de control conocían las deficiencias detectadas durante inspecciones realizadas a fines de 2024, donde se verificaron problemas estructurales en los procesos de fabricación, control de calidad y aseguramiento de los medicamentos. Sin embargo, sostienen que las acciones para impedir la circulación de los productos fueron tardías, permitiendo que miles de ampollas llegaran a hospitales y clínicas.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que esa demora habría contribuido a uno de los mayores escándalos sanitarios registrados en los últimos años. De acuerdo con la investigación, el fentanilo contaminado fue distribuido pese a las alertas existentes y terminó provocando casi un centenar de fallecimientos, además de más de cuarenta personas con lesiones graves. La causa busca establecer si hubo responsabilidad penal por acción u omisión de quienes tenían a cargo el control sanitario.
La investigación también pone el foco sobre la actuación de los laboratorios involucrados y del empresario Ariel García Furfaro. Paralelamente a las detenciones, la Justicia ordenó allanamientos y nuevas medidas de prueba para reconstruir cómo se produjo la cadena de elaboración, aprobación y distribución del opioide contaminado, además de determinar el grado de participación de cada uno de los investigados.
El expediente continúa en plena etapa de instrucción y se esperan nuevas declaraciones indagatorias, peritajes y medidas judiciales durante los próximos días. La causa, que ya es considerada una de las investigaciones sanitarias más relevantes de los últimos años en el país, busca esclarecer las responsabilidades por un caso que conmocionó al sistema de salud argentino y dejó profundas consecuencias para decenas de familias.
Fuente: Infonews
