La Justicia Federal allanó el Ministerio de Salud de la Nación y ordenó la detención de dos exfuncionarias de la ANMAT y del INAME en el marco de la investigación por el fentanilo adulterado que provocó más de un centenar de muertes y decenas de pacientes con lesiones graves. La causa busca determinar las responsabilidades por las fallas en los controles sanitarios que permitieron la distribución del medicamento contaminado.
El operativo fue ordenado por el juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata. Durante el allanamiento realizado en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, los investigadores secuestraron registros de ingresos y egresos, además de minutas de reuniones correspondientes a los años 2023 y 2024. La documentación será incorporada al expediente para reconstruir cómo actuaron los organismos responsables del control sanitario antes de que estallara el escándalo.
En paralelo, la Justicia dispuso la detención de Nélida Agustina Bisio, exfuncionaria de la ANMAT, y de Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas quedaron imputadas por su presunta responsabilidad en las fallas de supervisión que habrían permitido la comercialización de los lotes contaminados de fentanilo utilizados en hospitales y clínicas del país.
La investigación apunta al laboratorio HLB Pharma Group, a Laboratorios Ramallo y a la Droguería Al Farma. Según la acusación judicial, esas empresas integraban un mismo conglomerado encabezado por el empresario Ariel García Furfaro, quien ya se encuentra procesado con prisión preventiva por delitos vinculados con la adulteración de medicamentos y las consecuencias sanitarias derivadas de esa maniobra.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, uno de los lotes investigados estaba integrado por más de 154.000 ampollas de fentanilo, de las cuales más de 40.000 habrían sido administradas a pacientes en al menos 51 establecimientos sanitarios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Formosa. Otro lote fue retirado antes de llegar a utilizarse en centros de salud.
La causa sostiene que la circulación del medicamento contaminado dejó un saldo de al menos 114 personas fallecidas y más de 50 pacientes con lesiones graves. Los investigadores analizan si existieron omisiones en los controles estatales que pudieron haber evitado la distribución de las ampollas adulteradas y si las autoridades regulatorias actuaron con la rapidez necesaria frente a las irregularidades detectadas.
Además de las responsabilidades penales, el expediente también puso de relieve problemas estructurales en el sistema sanitario. Según el juzgado, la reconstrucción de los hechos se vio dificultada por historias clínicas incompletas, registros en formato papel, demoras en la entrega de documentación y deficiencias en los mecanismos de trazabilidad de medicamentos distribuidos en distintos centros asistenciales.
Mientras avanza la investigación, familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y mayores controles sobre la industria farmacéutica. La causa es considerada uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años en la Argentina y todavía podría sumar nuevas imputaciones, peritajes y medidas judiciales a medida que se incorporen más pruebas al expediente.
Fuente: Data Diario
