La editorial de Gabriela Natch, presentada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), analiza el proyecto que impulsa un endurecimiento de las penas para las falsas denuncias en casos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra menores. Desde una mirada crítica, sostiene que la iniciativa puede generar un efecto disuasorio sobre las víctimas y reinstalar viejos prejuicios respecto de la credibilidad de las mujeres.
Esta semana el Congreso debatirá un proyecto presentado por la senadora Carolina Losada que propone aumentar las sanciones para quienes realicen falsas denuncias vinculadas con hechos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra niñas, niños y adolescentes.
En su editorial, Gabriela Natch sostiene que el proyecto es presentado como una herramienta para proteger a personas injustamente acusadas, aunque advierte que detrás de esa argumentación existe un debate más profundo sobre el acceso a la Justicia y el tratamiento de las denuncias por violencia.
La diferencia entre una denuncia falsa y una denuncia sin pruebas suficientes
Uno de los principales ejes del análisis plantea que el ordenamiento jurídico argentino ya contempla sanciones para las falsas denuncias y los falsos testimonios, además de garantizar el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Desde esa perspectiva, la editorial sostiene que el proyecto introduce un elemento adicional al instalar la idea de que muchas denuncias podrían ser inventadas o utilizadas con fines de venganza, una visión que considera vinculada con antiguos estereotipos de género.
Asimismo, remarca que una causa judicial puede no reunir pruebas suficientes para alcanzar una condena sin que ello implique necesariamente que la denuncia haya sido falsa.
Los obstáculos para denunciar
La editorial también pone el foco sobre las dificultades que enfrentan muchas personas al momento de denunciar situaciones de violencia.
Según se plantea, realizar una denuncia suele implicar consecuencias personales, familiares, laborales y sociales que muchas veces funcionan como un fuerte condicionante para acceder a la Justicia.
En ese contexto, se advierte que el principal desafío continúa siendo reducir la impunidad y facilitar que quienes atraviesan situaciones de violencia puedan denunciar sin enfrentar nuevas barreras.
Una propuesta orientada a mejorar el sistema judicial
Como alternativa, Gabriela Natch propone avanzar hacia procesos judiciales más ágiles, accesibles y transparentes, fortalecer las políticas públicas de acompañamiento para todas las personas involucradas y promover mecanismos que garanticen una respuesta más efectiva del sistema judicial.
La editorial sostiene que el debate no debería centrarse exclusivamente en el aumento de penas, sino en construir un sistema capaz de brindar respuestas rápidas, respetar las garantías constitucionales y asegurar el acceso efectivo a la Justicia.
En ese marco, concluye que el objetivo debe ser consolidar un modelo que garantice tanto el debido proceso como la protección de los derechos de quienes denuncian hechos de violencia, promoviendo una Justicia accesible y una vida libre de violencias para toda la sociedad.
