Organizaciones sindicales y sociales expresaron su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras. A través de un comunicado, advirtieron que la iniciativa eliminaría límites a la propiedad extranjera sobre tierras argentinas y pondría en riesgo el control de zonas estratégicas del país. Además, convocaron a los legisladores nacionales a impedir el avance de la propuesta en el Congreso.
Diversos sectores vinculados al movimiento sindical manifestaron su preocupación por el proyecto de ley que propone modificar el Régimen de Tierras Rurales. Mediante un documento difundido públicamente, sostuvieron que la iniciativa representa un retroceso en materia de soberanía nacional y alertaron sobre las consecuencias que podría tener para el control del territorio argentino.
En el comunicado, las organizaciones cuestionan especialmente la derogación de los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras. Según expresan, la reforma permitiría flexibilizar las restricciones que actualmente regulan la titularidad extranjera sobre tierras rurales, provinciales y municipales.
Los dirigentes también señalaron que la propuesta eliminaría restricciones específicas para la compra de tierras ubicadas sobre cuerpos de agua y modificaría disposiciones vinculadas a zonas consideradas estratégicas para la defensa nacional. A su entender, estos cambios favorecerían la concentración de la propiedad y reducirían la capacidad del Estado para proteger recursos considerados esenciales.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la posible derogación del artículo que protege los bienes ubicados en zonas de seguridad de frontera. Para los autores del documento, esa modificación implicaría disminuir los controles estatales sobre operaciones inmobiliarias en áreas sensibles desde el punto de vista geopolítico.
El pronunciamiento sostiene además que el proyecto prioriza el derecho de propiedad privada por encima del interés público y de la preservación ambiental. En ese sentido, advierten que la iniciativa limitaría las herramientas del Estado para intervenir cuando estén en juego recursos naturales, territorios estratégicos o bienes de valor colectivo.
Bajo la consigna “La soberanía no se vende”, las organizaciones remarcaron que la defensa del territorio no debe limitarse a un debate jurídico, sino que constituye una decisión política vinculada al desarrollo nacional. En el texto afirman que “la soberanía no se declama, se ejerce”, y sostienen que ello requiere presencia del Estado y políticas de protección sobre los recursos estratégicos.
Asimismo, el comunicado hace un llamado a los diputados y senadores nacionales para que rechacen el proyecto durante su tratamiento legislativo. Según expresan, la decisión no solo involucra modificaciones a una ley, sino también el futuro del control territorial y de los recursos naturales del país.
Mientras el debate comienza a instalarse en la agenda política, distintos sectores anticipan que la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras volverá a enfrentar posiciones contrapuestas respecto del modelo de desarrollo, la inversión extranjera y el alcance de la soberanía sobre el territorio argentino. El tratamiento parlamentario de la iniciativa será determinante para definir el futuro de una de las normas más sensibles en materia de propiedad rural.
Diversos sectores vinculados al movimiento sindical manifestaron su preocupación por el proyecto de ley que propone modificar el Régimen de Tierras Rurales. Mediante un documento difundido públicamente, sostuvieron que la iniciativa representa un retroceso en materia de soberanía nacional y alertaron sobre las consecuencias que podría tener para el control del territorio argentino.
En el comunicado, las organizaciones cuestionan especialmente la derogación de los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras. Según expresan, la reforma permitiría flexibilizar las restricciones que actualmente regulan la titularidad extranjera sobre tierras rurales, provinciales y municipales.
Los dirigentes también señalaron que la propuesta eliminaría restricciones específicas para la compra de tierras ubicadas sobre cuerpos de agua y modificaría disposiciones vinculadas a zonas consideradas estratégicas para la defensa nacional. A su entender, estos cambios favorecerían la concentración de la propiedad y reducirían la capacidad del Estado para proteger recursos considerados esenciales.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la posible derogación del artículo que protege los bienes ubicados en zonas de seguridad de frontera. Para los autores del documento, esa modificación implicaría disminuir los controles estatales sobre operaciones inmobiliarias en áreas sensibles desde el punto de vista geopolítico.
El pronunciamiento sostiene además que el proyecto prioriza el derecho de propiedad privada por encima del interés público y de la preservación ambiental. En ese sentido, advierten que la iniciativa limitaría las herramientas del Estado para intervenir cuando estén en juego recursos naturales, territorios estratégicos o bienes de valor colectivo.
Bajo la consigna “La soberanía no se vende”, las organizaciones remarcaron que la defensa del territorio no debe limitarse a un debate jurídico, sino que constituye una decisión política vinculada al desarrollo nacional. En el texto afirman que “la soberanía no se declama, se ejerce”, y sostienen que ello requiere presencia del Estado y políticas de protección sobre los recursos estratégicos.
Asimismo, el comunicado hace un llamado a los diputados y senadores nacionales para que rechacen el proyecto durante su tratamiento legislativo. Según expresan, la decisión no solo involucra modificaciones a una ley, sino también el futuro del control territorial y de los recursos naturales del país.
Mientras el debate comienza a instalarse en la agenda política, distintos sectores anticipan que la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras volverá a enfrentar posiciones contrapuestas respecto del modelo de desarrollo, la inversión extranjera y el alcance de la soberanía sobre el territorio argentino. El tratamiento parlamentario de la iniciativa será determinante para definir el futuro de una de las normas más sensibles en materia de propiedad rural.
Fuente: Juventud Sindical CGT Histórica de Córdoba
