Una trabajadora de la localidad cordobesa de Coronel Moldes inició una demanda civil contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19 en 2022. La mujer reclama una indemnización por las secuelas permanentes que, según la documentación incorporada a la causa, le provocaron una discapacidad laboral del 75,6%. La Justicia deberá determinar si existió un nexo causal entre la vacunación y el cuadro neurológico.
La protagonista del caso es Flavia Ochoa, una vecina de Coronel Moldes, en la provincia de Córdoba, quien sostiene que su vida cambió por completo luego de recibir una dosis de la vacuna de AstraZeneca el 4 de enero de 2022. Según relató en la demanda, pocas horas después de la aplicación comenzó a sufrir intensos dolores musculares y fuertes calambres. Al día siguiente, cuando intentó levantarse para ir a trabajar, perdió la movilidad de manera progresiva y debió ser trasladada de urgencia para recibir atención médica especializada.
De acuerdo con la documentación presentada en el expediente, la mujer fue derivada a un sanatorio de Río Cuarto, donde permaneció internada y fue sometida a diversos estudios clínicos y neurológicos. Tras la realización de una punción lumbar y otros exámenes complementarios, los médicos diagnosticaron un síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia, una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta el sistema nervioso periférico y puede provocar debilidad muscular severa e incluso parálisis. Desde entonces inició un prolongado tratamiento de rehabilitación que continúa hasta la actualidad.
La demanda incorpora historias clínicas, certificados médicos, estudios neurológicos, constancias de denuncia de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), informes remitidos a la ANMAT y el Certificado Único de Discapacidad. Además, un dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció una incapacidad laboral del 75,6%, porcentaje que constituye uno de los principales fundamentos del reclamo indemnizatorio presentado por la mujer.
La acción judicial está dirigida tanto contra AstraZeneca como contra el Estado nacional. En la presentación, la demandante solicita una reparación económica por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y otros conceptos indemnizatorios. Asimismo, cuestiona diversos artículos de la Ley 27.573, norma que reguló la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y creó un fondo específico para atender reclamos de personas que acrediten daños derivados de la vacunación.
Antes de acudir a la Justicia, Ochoa realizó el procedimiento administrativo previsto por esa legislación para acceder al fondo de reparación. Sin embargo, el reclamo fue rechazado luego de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyera que no había podido establecer una relación causal entre la aplicación de la vacuna y el cuadro clínico denunciado. Frente a esa resolución, la mujer decidió iniciar la demanda civil para que sea la Justicia la que determine si corresponde una indemnización.
El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica infrecuente que ha sido identificada por distintos organismos reguladores internacionales como un evento adverso muy raro asociado a algunas vacunas contra el Covid-19, entre ellas la desarrollada por AstraZeneca. No obstante, las agencias sanitarias han sostenido que estos casos son excepcionales y que, en términos generales, los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos conocidos. En este expediente, la existencia o no de un vínculo entre la vacuna y la enfermedad es precisamente uno de los aspectos que deberá ser probado durante el proceso judicial.
El caso despertó un fuerte interés público por tratarse de uno de los reclamos judiciales más relevantes vinculados a presuntos efectos adversos de las vacunas contra el Covid-19 en la Argentina. Sin embargo, hasta el momento no existe una sentencia que determine responsabilidades. Será la Justicia la encargada de analizar las pruebas médicas, los informes técnicos y los argumentos de todas las partes para resolver si corresponde atribuir responsabilidad al laboratorio, al Estado o rechazar la demanda. Mientras tanto, Flavia Ochoa continúa con su tratamiento de rehabilitación y sostiene que las secuelas modificaron por completo su calidad de vida.
Fuente: Noticias Argentinas
