La Cámara de Senadores se encamina a discutir una de las iniciativas más polémicas impulsadas por el Gobierno nacional: la modificación del régimen que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto, que ya generó fuertes cuestionamientos de la oposición y de diversos sectores productivos, fue reformulado para otorgar a las provincias un rol decisivo en la autorización de estas operaciones.
El Senado de la Nación se prepara para tratar en los próximos días el proyecto denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa promovida por el Gobierno de Javier Milei que, entre otros puntos, elimina las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
La propuesta original había despertado una fuerte resistencia política, incluso entre algunos sectores aliados al oficialismo. Como consecuencia de esas diferencias, su tratamiento fue postergado en al menos dos oportunidades, debido a la falta de consensos necesarios para avanzar en el recinto.
El aspecto más controvertido del proyecto es la modificación de la ley que actualmente limita al 15% la cantidad de tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras en el territorio nacional. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo elimina ese tope y habilita nuevas operaciones de compra, generando un amplio debate sobre la soberanía territorial y el control de los recursos estratégicos del país.
Ante las críticas recibidas, el Gobierno introdujo cambios en la redacción del proyecto para intentar sumar apoyos entre los gobernadores y los bloques provinciales. La nueva versión establece que las provincias tendrán la facultad de autorizar o rechazar las operaciones de compraventa de tierras en sus respectivos territorios, compartiendo esa potestad con el Poder Ejecutivo Nacional.
La discusión reabre un viejo debate en la Argentina respecto del destino de los recursos naturales, el uso de la tierra y el papel del Estado en la regulación de sectores considerados estratégicos. Distintos especialistas advierten que la tierra rural no constituye solamente un activo económico, sino también un recurso vinculado a la producción de alimentos, el acceso al agua y la soberanía nacional.
Desde la oposición cuestionan que una eventual flexibilización de la normativa pueda facilitar un proceso de concentración y extranjerización de extensas superficies productivas, especialmente en zonas de alto valor agrícola, minero o con importantes reservas hídricas. También señalan que cualquier modificación de esta naturaleza debería ser fruto de un amplio consenso político y social.
Por su parte, los defensores de la iniciativa sostienen que la eliminación de restricciones permitiría atraer nuevas inversiones, dinamizar las economías regionales y generar mayor desarrollo productivo. Argumentan además que la participación de las provincias en el proceso de autorización funcionaría como una herramienta de control adicional para evitar operaciones consideradas inconvenientes.
El proyecto promete convertirse en uno de los debates más intensos del segundo semestre legislativo. Su tratamiento en el Senado será seguido de cerca por gobernadores, organizaciones rurales, movimientos sociales y especialistas en derecho agrario, en un contexto en el que la discusión sobre la propiedad de la tierra vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política argentina.
Fuente: Minuto Uno
