A un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones, prestadores y familias denuncian que gran parte de la normativa continúa sin aplicarse y que el sistema atraviesa una situación crítica. Instituciones al borde del cierre, demoras en los pagos y más de 200.000 solicitudes de pensiones sin resolver reflejan la profundización de la crisis en el sector.
Se cumplió un año de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que buscaba dar respuesta a la grave situación que atravesaban las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que prestan servicios de apoyo, rehabilitación y asistencia. Sin embargo, a doce meses de su sanción, organizaciones del sector sostienen que buena parte de la ley sigue sin implementarse y que las dificultades se han profundizado.
Uno de los principales reclamos está vinculado al financiamiento del sistema. Prestadores de servicios denuncian retrasos en los pagos y aranceles que, según sostienen, quedaron muy por detrás de la inflación, generando una situación económica insostenible para numerosas instituciones que brindan atención a personas con discapacidad. Algunas entidades incluso advierten que se encuentran al borde del cierre.
La situación también afecta de manera directa a miles de familias que dependen de estas prestaciones para garantizar tratamientos, acompañamientos terapéuticos, transporte, rehabilitación y otros servicios fundamentales para la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Desde las organizaciones sostienen que la incertidumbre se traduce en interrupciones de tratamientos y en mayores dificultades para acceder a derechos ya reconocidos por la legislación argentina.
Otro de los puntos más cuestionados es el estado de las pensiones no contributivas por invalidez. Según las denuncias de las organizaciones del sector, más de 200.000 solicitudes permanecen sin resolución, lo que deja a miles de personas sin un ingreso económico que, en muchos casos, resulta esencial para sostener sus condiciones de vida.
La controversia llegó incluso a los tribunales. A comienzos de este año, la Justicia ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad y avanzar en la implementación de las medidas previstas por la normativa, ante las denuncias de incumplimiento presentadas por organizaciones y familias.
Las entidades que representan al sector advierten que el ajuste en discapacidad no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales y sanitarias. Sostienen que la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y compromete la posibilidad de garantizar una vida digna e independiente para miles de personas en todo el país.
Desde el ámbito de la discapacidad recuerdan además que la Argentina cuenta con un amplio marco normativo de protección de derechos, incluyendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y diversas leyes nacionales que garantizan prestaciones y políticas de inclusión.
En este contexto, organizaciones de familiares, prestadores y personas con discapacidad continúan reclamando la plena implementación de la emergencia y la adopción de medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones y el acceso efectivo a los derechos consagrados por la legislación vigente. A un año de la sanción de la ley, sostienen que la situación del sector sigue siendo crítica y que la respuesta estatal continúa siendo insuficiente.
Fuente: Página12
