Un informe de la consultora LCG advirtió que el Ministerio de Economía acumuló una deuda de $1,1 billones con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación ordenados por la Corte Suprema y que ese pasivo no aparece reflejado en las estadísticas fiscales oficiales. La situación reavivó el debate sobre la sostenibilidad del superávit que exhibe el Gobierno nacional.
Las cuentas públicas volvieron a quedar bajo la lupa luego de que un informe de la consultora LCG señalara que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, mantiene una deuda acumulada de $1,1 billones con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación que la Corte Suprema ordenó restituir al distrito porteño. Según el análisis, ese pasivo no figura en los registros oficiales del presupuesto, lo que habría contribuido a mejorar artificialmente el resultado fiscal de los primeros meses del año.
El origen del conflicto se remonta a la decisión del entonces presidente Alberto Fernández de reducir los fondos coparticipables que recibía la Ciudad de Buenos Aires en 2020. Posteriormente, la Corte Suprema dictó una medida cautelar ordenando la restitución de esos recursos, que el Gobierno nacional venía abonando mediante transferencias no automáticas. Sin embargo, desde enero de 2026 esos pagos fueron suspendidos.
De acuerdo con el informe de LCG, la interrupción de las transferencias permitió reducir el gasto registrado por el Tesoro en un momento de creciente presión sobre las metas de superávit fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La consultora estima que el “ahorro” derivado de esta decisión equivale aproximadamente al 0,1% del Producto Bruto Interno, un porcentaje significativo en un contexto donde cada décima resulta clave para el cumplimiento de los objetivos fiscales.
El Gobierno nacional decidió comenzar a cancelar parte de esa deuda mediante bonos y letras capitalizables ya emitidos, una estrategia que, según distintos especialistas, permite postergar el impacto del gasto en las cuentas públicas. Para algunos economistas, se trata de un mecanismo contable válido desde el punto de vista técnico, aunque cuestionan que el reconocimiento de la deuda no aparezca claramente reflejado en las estadísticas presupuestarias.
La polémica se produce en un escenario de creciente tensión fiscal. La caída de la recaudación tributaria, la reducción parcial de las retenciones al agro y la desaceleración de la actividad económica han reducido los ingresos del Estado, obligando al Ministerio de Economía a buscar distintas herramientas para sostener el superávit que el Gobierno considera el principal ancla de su programa económico.
En paralelo, especialistas señalaron que el Tesoro también incrementó la denominada “deuda flotante”, es decir, obligaciones devengadas pero aún no pagadas. Este mecanismo permite diferir desembolsos y mejorar transitoriamente los resultados fiscales, aunque genera compromisos que deberán afrontarse en el futuro y que podrían presionar las cuentas públicas en los próximos meses.
La discusión también se inscribe en el debate más amplio sobre la transparencia de las cuentas del Estado y la sostenibilidad del ajuste fiscal. Analistas económicos advierten que si bien el Gobierno mantiene su compromiso de alcanzar y sostener el superávit, cada vez resulta más complejo encontrar nuevas fuentes de ahorro o ingresos extraordinarios para compensar la caída de la recaudación y el menor dinamismo de la economía.
Mientras tanto, la controversia por los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires vuelve a poner en evidencia las tensiones existentes entre la necesidad de cumplir las metas fiscales y las obligaciones legales y financieras del Estado nacional. La evolución de este conflicto será seguida de cerca por los mercados, los gobiernos provinciales y los organismos internacionales, que observan con atención la capacidad de la administración de Javier Milei para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
Fuente: Ámbito Financiero
