La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por las defensas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad, dejando firme la actualización del monto del decomiso. La cifra asciende a casi 685.000 millones de pesos y habilita el avance de la ejecución patrimonial para recuperar los fondos establecidos por la Justicia.
La decisión fue adoptada por los jueces de la Corte Suprema, quienes declararon inadmisibles los planteos realizados por las defensas de la expresidenta y del empresario Lázaro Báez, entre otros condenados. De esta manera, quedó firme la resolución que había actualizado el monto del decomiso dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2, encargado de ejecutar la sentencia de la causa Vialidad.
El monto del decomiso fue recalculado utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Como consecuencia de esa actualización, la cifra pasó de aproximadamente 85.000 millones de pesos fijados originalmente a unos 684.990 millones de pesos, reflejando el impacto de la inflación acumulada desde que se estableció la condena.
Con este fallo, la Corte no volvió a analizar el fondo de la condena, que ya había quedado firme anteriormente, sino que confirmó específicamente la actualización del valor económico del decomiso y rechazó los intentos de suspender las medidas destinadas a ejecutar el recupero de los bienes. La resolución permite que continúe el proceso de localización, valuación y eventual ejecución del patrimonio alcanzado por la sentencia judicial.
La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas nacionales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En ese expediente fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros exfuncionarios por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El decomiso constituye una medida prevista por la legislación penal para recuperar activos vinculados con los delitos investigados. Según la sentencia, la obligación de afrontar ese monto alcanza de manera solidaria a los condenados, por lo que la Justicia podrá avanzar sobre los bienes identificados hasta cubrir el valor establecido por el tribunal.
La resolución también rechazó un planteo presentado por la defensa de Lázaro Báez respecto de la competencia del Tribunal Oral Federal N.º 2 para llevar adelante la ejecución del decomiso. Con esa decisión, el máximo tribunal consolidó el camino judicial para continuar con las medidas patrimoniales derivadas de la sentencia firme.
El fallo representa un nuevo capítulo en una de las causas de corrupción de mayor impacto institucional en la Argentina durante las últimas décadas. Con la actualización del decomiso ya confirmada por la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal N.º 2 podrá continuar con el proceso de ejecución sobre los bienes alcanzados por la condena para procurar el recupero de los fondos fijados por la Justicia.
Fuente: Filo News
