La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el acuerdo que habilita el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre que litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001. La decisión se aprobó con 139 votos a favor y 97 en contra, en medio de fuertes cruces políticos y con críticas de la oposición al alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que autoriza el pago de acuerdos de conciliación con dos fondos de inversión que mantenían litigios contra la Argentina en tribunales internacionales. La votación terminó con 139 votos afirmativos y 97 negativos, lo que permitió convertir la iniciativa en ley.
El acuerdo contempla el pago total de 171 millones de dólares, divididos entre dos grupos de acreedores: 67 millones para Bainbridge Ltd. y 104 millones para el fondo Attestor Value Master Fund LP. Ambos reclamos se originan en juicios derivados del default argentino de 2001.
Desde el oficialismo se defendió la medida como una forma de cerrar litigios abiertos desde hace años en el exterior y reducir el riesgo de embargos sobre activos soberanos argentinos en el extranjero. En ese sentido, el gobierno de Javier Milei destacó que el entendimiento forma parte de una estrategia para normalizar la relación financiera internacional del país.
El proyecto había sido negociado previamente en el Senado, donde también había obtenido media sanción antes de llegar a la Cámara baja. La aprobación final en Diputados era el paso necesario para completar el proceso legislativo y habilitar la ejecución del acuerdo.
La oposición cuestionó duramente la iniciativa, al considerar que implica un nuevo endeudamiento encubierto y una concesión a fondos especulativos que compraron deuda en default a bajo precio para luego litigar por su cobro total. Legisladores de distintos bloques advirtieron además sobre el impacto político del acuerdo.
Uno de los puntos más debatidos fue la vinculación del acuerdo con compromisos internacionales asumidos por el gobierno argentino, en particular el alineamiento con Estados Unidos y el vínculo político entre Javier Milei y Donald Trump. Desde sectores opositores sostienen que el entendimiento responde más a presiones externas que a una estrategia soberana de negociación.
El oficialismo, en cambio, remarcó que el acuerdo incluye cláusulas que limitan nuevas acciones legales por parte de los fondos y que los acreedores deberán asumir los costos judiciales previos. También señalaron que el objetivo es cerrar definitivamente un frente judicial que afectaba la reputación financiera del país.
Con la aprobación en Diputados, el Poder Ejecutivo queda habilitado para avanzar en la ejecución del pago y la firma final de los acuerdos. El gobierno considera este paso como clave dentro de su estrategia de reordenamiento económico y de normalización de la deuda en default, mientras la oposición anticipa que seguirá cuestionando el rumbo de la política financiera externa.
