La crisis económica comenzó a impactar con mayor fuerza sobre el empleo registrado en Córdoba. Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, la cantidad de trabajadores alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) aumentó un 15% en las últimas semanas y ya supera los 7.200 empleados. El crecimiento de las suspensiones, las reducciones de jornada y las quitas salariales refleja el deterioro que atraviesan numerosos sectores productivos, especialmente la industria, el comercio y la construcción.
De acuerdo con el relevamiento oficial, actualmente 7.247 trabajadores se encuentran comprendidos dentro de Procedimientos Preventivos de Crisis, el mecanismo previsto por la legislación laboral que permite a las empresas negociar con los sindicatos suspensiones, reducciones de jornada y rebajas salariales para evitar despidos masivos. Hasta hace pocas semanas eran 6.302 los empleados alcanzados por estos acuerdos, lo que representa un incremento cercano al 15%.
El informe también revela que 73 empresas tienen vigentes este tipo de procedimientos. De ese total, 46 expedientes corresponden a Córdoba Capital y 27 al interior provincial. La mayoría de los acuerdos contempla suspensiones con pago parcial de salarios mediante sumas no remunerativas, aunque también existen casos de reducción de jornadas laborales, eliminación de adicionales, disminución de horas de trabajo y otras modalidades destinadas a reducir costos laborales sin llegar a despidos.
La distribución geográfica muestra que 5.882 trabajadores afectados pertenecen a la ciudad de Córdoba, mientras que 1.365 desempeñan tareas en distintas localidades del interior. Entre las zonas más comprometidas aparecen Río Segundo, con siete empresas alcanzadas por procedimientos de crisis; San Francisco, con cinco compañías; Jesús María, también con cinco; y Villa María, con cuatro establecimientos afectados. Además, se registran expedientes en Alta Gracia, La Falda, Río Tercero y Río Cuarto.
En la Capital provincial, los principales focos de conflicto se concentran en los sectores de transporte y logística, seguridad privada, industria metalmecánica y comercio, actividades especialmente golpeadas por la caída del consumo interno y la retracción de la actividad económica. En muchos casos, los trabajadores perciben entre el 50% y el 75% de sus salarios habituales durante los períodos de suspensión.
El ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, reconoció públicamente el agravamiento del escenario laboral y sostuvo que la provincia atraviesa un proceso de deterioro sostenido. “No estamos ante un shock puntual sino ante un deterioro permanente del mercado laboral”, afirmó el funcionario, quien vinculó la situación con la caída del consumo y el proceso de desindustrialización que afecta a distintos sectores productivos.
La evolución de los Procedimientos Preventivos de Crisis confirma una tendencia que ya había sido advertida meses atrás por la cartera laboral provincial. En mayo, los trabajadores comprendidos por estos mecanismos habían aumentado cerca de un 80% respecto de enero, impulsados principalmente por las dificultades que enfrentan las industrias automotriz, autopartista, metalúrgica y de seguridad privada. Aunque el ritmo de crecimiento se desaceleró, los indicadores continúan mostrando un escenario de creciente fragilidad para el empleo formal.
El aumento de las suspensiones y las quitas salariales constituye una de las principales preocupaciones para el mercado laboral cordobés. Mientras empresas y sindicatos intentan sostener los puestos de trabajo mediante acuerdos transitorios, el Gobierno provincial reconoce que la recuperación dependerá de una reactivación del consumo y de la actividad industrial. En ese contexto, la evolución de los Procedimientos Preventivos de Crisis se convirtió en uno de los principales indicadores para medir el impacto que la desaceleración económica está teniendo sobre el empleo registrado en la provincia.
Fuente: La Política Online, Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba.
