El Gobierno de Bolivia rechazó con firmeza las amenazas de ocupar una planta hidroeléctrica en el departamento de Cochabamba, luego de que el expresidente Evo Morales sugiriera esa posibilidad ante eventuales nuevos cortes del suministro eléctrico en la región del Trópico. Desde la administración del presidente Rodrigo Paz calificaron esas declaraciones como un acto de extrema gravedad y aseguraron que las fuerzas de seguridad protegerán la infraestructura estratégica del país.
La polémica comenzó durante una concentración de sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, donde Evo Morales cuestionó los reiterados cortes de energía eléctrica registrados en la zona y planteó públicamente la posibilidad de tomar una de las plantas generadoras. “¿Qué sugeriría? Si siguen cortándonos el servicio de energía, ¿por qué no tomamos una de las plantas?”, expresó el exmandatario ante los asistentes.
La respuesta del Ejecutivo fue inmediata. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que el Estado no permitirá acciones que afecten instalaciones estratégicas y calificó las amenazas como comportamientos criminales que no pueden justificarse por motivos políticos o reivindicaciones sociales. Además, remarcó que ninguna persona está por encima de la ley y que se aplicarán los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
El Gobierno informó que las fuerzas policiales y militares continuarán desplegadas para custodiar la infraestructura energética del país, especialmente en Cochabamba, donde aún persisten focos de conflicto pese a la reducción de los bloqueos de rutas registrados durante los últimos días. Según las autoridades, la protección de plantas hidroeléctricas y otros servicios públicos forma parte de las medidas adoptadas en el marco de la crisis que atraviesa el país.
Las declaraciones de Morales se producen en un contexto de elevada tensión política y social. Bolivia acumula semanas de protestas, bloqueos de caminos y conflictos vinculados a la escasez de combustibles, la situación económica y el enfrentamiento entre el Gobierno de Rodrigo Paz y sectores afines al exmandatario. La crisis provocó importantes pérdidas económicas y dejó víctimas fatales durante los enfrentamientos registrados en distintas regiones del país.
En ese escenario, Cochabamba se convirtió nuevamente en uno de los principales focos de conflicto. La región concentra buena parte de las organizaciones cocaleras que mantienen su respaldo a Evo Morales y que protagonizaron numerosas protestas durante las últimas semanas. Los cortes de energía registrados en el Trópico generaron malestar entre los habitantes y fueron el detonante de las declaraciones del exmandatario sobre una eventual toma de instalaciones eléctricas.
Desde el Ejecutivo boliviano insistieron en que cualquier intento de ocupar plantas hidroeléctricas, cortar el suministro de agua o afectar servicios esenciales será considerado un delito. Las autoridades aseguraron que continuarán con los operativos de seguridad para preservar el orden público y proteger las infraestructuras críticas, al tiempo que reiteraron el llamado a resolver las diferencias por vías institucionales y dentro del marco legal.
La controversia profundiza la confrontación entre el Gobierno y el sector liderado por Evo Morales en un momento de especial fragilidad política para Bolivia. Mientras las autoridades buscan normalizar la circulación y restablecer plenamente los servicios afectados por las protestas, el intercambio de acusaciones mantiene elevado el nivel de tensión y deja abierto un nuevo frente de conflicto en torno a la seguridad de las instalaciones estratégicas del país.
Fuente: Noticias Argentinas.
