El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de regularización para armas de fuego no registradas que permitirá a sus poseedores declararlas ante las autoridades sin recibir sanciones. La medida generó una fuerte controversia política y social, ya que mientras el oficialismo sostiene que busca mejorar el control estatal sobre las armas en circulación, distintos sectores advierten que podría facilitar la legalización de armamento de origen desconocido.
La iniciativa quedó establecida a través de la Ley 27.805, que habilita un período de 360 días para que las personas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional sin registrar puedan presentarse ante el organismo competente para regularizar su situación. Una vez iniciado el trámite, las autoridades deberán realizar verificaciones técnicas y registrales antes de incorporar el arma al sistema oficial.
Desde el Gobierno argumentan que la medida apunta a incorporar al registro formal una gran cantidad de armas que actualmente permanecen fuera de control estatal. Según datos oficiales, existen cientos de miles de usuarios con documentación vencida o situaciones registrales irregulares, lo que dificulta la trazabilidad del armamento existente en el país.
La normativa contempla que quienes declaren armas no registradas durante el período de regularización no recibirán sanciones administrativas ni penales por la falta de inscripción previa. Este aspecto es precisamente uno de los puntos más cuestionados por organizaciones especializadas en control de armas y por sectores de la oposición política.
Los críticos sostienen que la medida podría permitir que ingresen al circuito legal armas cuyo origen no esté completamente esclarecido. Además, advierten que la ausencia de penalidades podría generar un incentivo para quienes poseen armamento irregular y esperan futuras amnistías para regularizar su situación.
La discusión no es nueva. Ya durante 2024 se habían generado fuertes debates cuando el Ministerio de Seguridad promovió iniciativas similares destinadas a facilitar la regularización de armas de fuego no declaradas. En aquel momento, distintos especialistas cuestionaron el impacto que esas políticas podrían tener sobre las estrategias de prevención de la violencia armada.
Desde los organismos oficiales rechazan esas críticas y aseguran que el objetivo central es exactamente el contrario: identificar armas que actualmente se encuentran fuera de cualquier sistema de control. Según explican, una mayor registración permitiría mejorar la trazabilidad, conocer quién posee cada arma y fortalecer la capacidad estatal para supervisar materiales sensibles.
La ley también extiende la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una herramienta creada para promover la reducción de armamento en circulación mediante la entrega anónima y voluntaria por parte de la ciudadanía. El Gobierno sostiene que ambas políticas son complementarias y forman parte de una estrategia integral de ordenamiento registral.
Sin embargo, organizaciones vinculadas al desarme consideran que el contexto actual muestra una tendencia hacia una flexibilización progresiva de las regulaciones sobre armas. Entre los antecedentes mencionan distintas medidas adoptadas en los últimos años que redujeron requisitos administrativos y modificaron controles aplicados a usuarios y operadores del sector.
La implementación del nuevo régimen promete mantener abierto el debate durante los próximos meses. Mientras el oficialismo lo presenta como una herramienta para mejorar el control estatal y ordenar los registros existentes, sus detractores alertan sobre posibles riesgos para la seguridad pública. El resultado final dependerá de la cantidad de armas que ingresen al sistema, de los controles que se apliquen durante la regularización y de la capacidad del Estado para fiscalizar efectivamente el proceso.
Fuente: Página12
