El asesor presidencial Santiago Caputo defendió públicamente la decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de designación de jueces y respondió a las críticas que surgieron tras la publicación del Decreto 467/2026. El funcionario sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada a través del Senado y afirmó que quienes cuestionan el mecanismo deberían apuntar a la calidad de la representación legislativa.
La polémica se desató luego de que el Gobierno de Javier Milei oficializara una reforma en el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema, del procurador general y del defensor general de la Nación. Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de instancias administrativas previas de observación ciudadana que existían desde 2003, además de modificaciones en los mecanismos de publicación de antecedentes de los candidatos.
Frente a las críticas formuladas por organizaciones jurídicas, dirigentes opositores y especialistas en derecho constitucional, Santiago Caputo salió a respaldar la medida a través de sus redes sociales. El asesor sostuvo que el actual sistema republicano ya contempla mecanismos suficientes de control y participación mediante las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación durante el tratamiento de los pliegos de los candidatos.
“Si tienen un problema con eso, lo que hay que hacer es elegir mejores senadores”, expresó Caputo al defender la decisión del Poder Ejecutivo. En su argumentación remarcó que los legisladores representan a la ciudadanía y que el proceso constitucional vigente garantiza la posibilidad de control público sobre las designaciones judiciales. La frase se convirtió rápidamente en uno de los ejes centrales del debate político generado por la reforma.
Desde el oficialismo sostienen que el decreto apunta a simplificar procedimientos burocráticos que, según su visión, duplicaban instancias ya previstas por la Constitución Nacional. El Gobierno argumenta que la publicación de antecedentes, la recepción de observaciones y las audiencias públicas ya encuentran una vía institucional adecuada dentro del tratamiento legislativo en la Cámara Alta, por lo que la eliminación de pasos previos permitiría agilizar los nombramientos.
Sin embargo, distintos sectores vinculados al ámbito jurídico expresaron preocupación por la medida. Especialistas y organizaciones advirtieron que la supresión de mecanismos de participación ciudadana previos podría afectar la transparencia del proceso de selección y reducir las posibilidades de control social sobre quienes aspiren a ocupar cargos de máxima relevancia dentro del Poder Judicial.
Otro de los puntos cuestionados es la eliminación de las recomendaciones que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de conformar la Corte Suprema. Diversos referentes del ámbito académico y judicial consideran que esos lineamientos contribuían a fortalecer la pluralidad institucional dentro del máximo tribunal del país.
La discusión adquiere una importancia adicional debido a que la Corte Suprema continúa funcionando con vacantes sin cubrir y el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de impulsar futuras nominaciones. En ese contexto, las reglas que regirán los próximos procesos de designación cobran especial relevancia política e institucional, tanto para el oficialismo como para la oposición.
El debate sobre la independencia judicial, la transparencia institucional y el equilibrio entre agilidad administrativa y participación ciudadana promete mantenerse en el centro de la agenda pública durante las próximas semanas. Mientras el Gobierno defiende la reforma como una modernización necesaria, sus críticos sostienen que implica un retroceso en materia de controles democráticos sobre uno de los poderes fundamentales del Estado.
Fuente: Política Argentina
