El Gobierno nacional quedó nuevamente en el centro de la controversia tras la publicación de un decreto que modifica el proceso de selección y designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia. La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia que encabeza Juan Bautista Mahiques, elimina distintos mecanismos de control y participación ciudadana que formaban parte del procedimiento vigente. La decisión se conoce en medio de la crisis política generada por el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y abrió un fuerte debate sobre la transparencia institucional y la independencia judicial.
Según trascendió, el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo busca “simplificar” los procedimientos para la cobertura de vacantes en la Corte Suprema. Sin embargo, sectores judiciales, organizaciones civiles y dirigentes opositores cuestionaron que la reforma elimina instancias de supervisión y reduce los mecanismos de participación pública en el proceso de selección de magistrados.
La medida se produce en un contexto particularmente sensible para la Casa Rosada. El Gobierno enfrenta una fuerte presión política por el escándalo patrimonial que involucra a Manuel Adorni, quien admitió haber mantenido fondos no declarados vinculados a inversiones en criptomonedas. La controversia provocó cuestionamientos de la oposición e incluso de sectores aliados al oficialismo.
Diversos analistas interpretan que la decisión podría profundizar las tensiones existentes entre el Poder Ejecutivo y distintos actores del sistema judicial. Durante los últimos meses, la administración de Javier Milei ya había protagonizado fuertes controversias por los intentos de designar magistrados mediante decretos y por diversos conflictos vinculados a nombramientos judiciales.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió cuando el Presidente avanzó con la designación en comisión de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, una decisión que fue cuestionada por especialistas en derecho constitucional y que motivó presentaciones judiciales. Aquella discusión volvió a instalarse ahora con la modificación de los mecanismos de control sobre futuras designaciones.
Desde sectores opositores sostienen que cualquier cambio que reduzca la transparencia en los procesos de selección judicial puede afectar la confianza pública en las instituciones. Organizaciones vinculadas al seguimiento de la calidad institucional también manifestaron preocupación por la posibilidad de que disminuyan las instancias de evaluación pública de los candidatos.
La polémica se suma además a otros conflictos recientes relacionados con la política judicial del Gobierno. En las últimas semanas, la administración libertaria enfrentó cuestionamientos por el intento de retirar la candidatura de la jueza María Verónica Michelli luego de conocerse su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, una decisión que generó críticas de distintos sectores políticos y jurídicos.
Mientras tanto, el oficialismo defiende la necesidad de agilizar los procesos de cobertura de vacantes judiciales y sostiene que la reforma apunta a mejorar la eficiencia administrativa. Desde el entorno presidencial argumentan que existen demoras estructurales en el sistema de designación de magistrados y que resulta necesario avanzar en mecanismos más ágiles para garantizar el funcionamiento de los tribunales.
El debate promete continuar en los próximos días tanto en el ámbito político como en el judicial. La combinación entre la crisis política generada por el caso Adorni y las reformas impulsadas en materia judicial ha colocado nuevamente a la relación entre el Gobierno y la Justicia en el centro de la agenda pública, en un momento de fuerte tensión institucional para la administración de Javier Milei.
Fuente: El Destape
