Un informe elaborado por la Policía Federal Argentina (PFA) y presentado en el marco de la investigación judicial sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA incorporó un elemento que podría resultar determinante para el avance de la causa. Según la documentación analizada por los investigadores, el presidente Javier Milei habría sido la primera persona en promocionar públicamente el proyecto a través de sus redes sociales, un dato que contradice algunas de las explicaciones ofrecidas por el oficialismo tras el estallido del escándalo financiero que afectó a miles de inversores en distintos países.
La novedad surge de un informe técnico elaborado por especialistas de la fuerza federal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, actualmente conducido por la ministra Patricia Bullrich. El documento fue incorporado al expediente judicial que busca determinar las responsabilidades detrás del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA, un activo digital que generó una fuerte controversia política y financiera desde principios de año.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los peritos, la primera promoción pública identificada del proyecto habría sido efectuada desde la cuenta oficial del presidente Javier Milei. El dato adquiere relevancia porque desde el Gobierno se había intentado minimizar el alcance de la participación presidencial en la difusión de la iniciativa, argumentando que se trató simplemente de una publicación más dentro de las habituales interacciones del mandatario en redes sociales.
La investigación intenta establecer si la promoción realizada desde las cuentas presidenciales tuvo influencia directa en el crecimiento explosivo que registró el valor del activo digital durante sus primeras horas de circulación. Numerosos inversores sostienen que la publicación de Milei funcionó como un respaldo implícito al proyecto, generando confianza entre quienes decidieron adquirir los tokens antes del derrumbe de su cotización.
El caso adquirió repercusión internacional debido a las pérdidas económicas registradas por miles de personas que participaron de la operación. Diversas estimaciones indican que el colapso del proyecto provocó perjuicios millonarios y generó denuncias en distintos países. La Justicia argentina busca determinar si existió algún tipo de maniobra fraudulenta o si se produjeron conductas que pudieran derivar en responsabilidades civiles o penales.
El informe policial también reconstruye la cronología de publicaciones realizadas durante las horas previas y posteriores al lanzamiento del activo digital. Según trascendió, los investigadores analizaron movimientos en redes sociales, registros informáticos y comunicaciones públicas vinculadas al proyecto para establecer cómo se desarrolló la difusión inicial de la criptomoneda y quiénes fueron sus principales promotores.
La aparición de este documento vuelve a colocar el caso $LIBRA en el centro de la escena política. Desde el inicio de la controversia, la oposición reclamó explicaciones sobre el grado de involucramiento del Presidente y cuestionó la utilización de sus redes oficiales para promocionar emprendimientos privados vinculados al universo financiero y tecnológico. Legisladores de distintos espacios impulsaron pedidos de informes y solicitaron la intervención de organismos de control.
Por su parte, sectores cercanos al oficialismo sostienen que Milei no participó de la creación ni de la administración del proyecto y afirman que la investigación judicial deberá determinar con precisión las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados. También remarcan que una publicación en redes sociales no implica necesariamente participación directa en la operatoria económica posterior.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios. Los investigadores intentan reconstruir el entramado de relaciones entre los desarrolladores del proyecto, los operadores financieros y las personas que participaron de la promoción inicial de la criptomoneda. El informe de la Policía Federal aparece ahora como una pieza relevante dentro de ese proceso.
La revelación genera además interrogantes políticos en un contexto donde el Gobierno busca dejar atrás uno de los episodios más incómodos para la administración libertaria. Si bien aún no existen conclusiones judiciales definitivas, el documento elaborado por la fuerza federal agrega un nuevo elemento de análisis sobre un caso que sigue provocando repercusiones tanto en el ámbito político como en el financiero y que podría tener consecuencias institucionales a medida que avance la investigación.
